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Al margen de la crisis económica que sufre España, la institución que define al Estado ha sufrido un golpe por la presunta implicación de uno de los yernos del Rey en una trama de subvenciones públicas ilegales. El caso vivirá su gran día este sábado, cuando Iñaki Urdangarin acuda en auto a declarar ante la justicia, en lugar de a pie.
El esposo de la infanta Cristina, con la que se casó hace 14 años, está acusado de malversación de fondos, fraude a la administración pública y evasión fiscal en la organización que presidía, el Instituto Nóos, entidad sin fines de lucro que administró entre 2004 y 2006.
A finales de diciembre, Urdangarin, exjugador de balonmano, fue imputado en una causa derivada del caso Palma Arena, una trama de corrupción de fondos públicos del gobierno balear y en el que está imputado Jaume Matas, expresidente de la comunidad autónoma de Baleares.
La Casa Real expulsó a Urdangarin de la agenda oficial, declaró su comportamiento como “no ejemplar” y días después, don Juan Carlos aseguraba en el habitual discurso de Nochebuena que “la justicia es igual para todos”, en una clara alusión a su yerno. La Corona publicó sus cuentas por primera vez, en una medida que se interpretó como una manera de demostrar la transparencia de la institución, al margen de caso.
"Lamento profundamente cualquier daño causado a la imagen de mi familia y de la Casa Real, ninguna de las cuales tiene nada que ver con mis actividades privadas", dijo entonces Urdangarin.
Los duques de Palma, que ya se encuentran en España por el juicio, vivían en Washington desde 2009, donde Urdangarin trabajaba en la empresa Telefónica.
El juicio ha despertado gran expectación, por lo que hay 60 medios acreditados para cubrirlo, incluidas agencias de noticias y televisoras internacionales. Se trata de la primera vez que un miembro de la Familia Real española declara por presunta corrupción.
El duque de Palma es sospechoso de montar un entramado de empresas para desviar a paraísos fiscales fondos públicos a través del Instituto Nóos, que recibió entre 2004 y 2007 cerca de seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) para organizar eventos en Palma de Mallorca y Valencia. La Fiscalía sostiene que Urdangarin y su socio Diego Torres crearon una "estructura societaria" en Belice y Reino Unido para desviar dicho capital.
Hace dos semanas, Torres se negó a declarar, mientras que el contador, Miguel Tejeiro, aseguró al juez que sí se había creado una sociedad en Belice para pagar menos impuestos, pero de forma legal. Tejeiro sostiene que la infanta Cristina no está involucrada en los negocios de su marido, aunque comparte con él la propiedad de una de las empresas de la supuesta trama, Aizoon.
Mario Pascual Vives, abogado del duque, considera que éste ya ha sido condenado por la profusión de informaciones y opiniones, en las que ha sido objeto de persecución, debate y polémica en los medios de comunicación.
A pesar de que estaba previsto que el esposo de la infanta Cristina recibiría el mismo trato que cualquier otro imputado y que recorrería a pie los 30 metros hasta la entrada del tribunal y ante decenas de cámaras, finalmente entrará en auto, según ha resuelto este viernes el juez decano de Palma de Mallorca, que ha argumentado razones de seguridad.
