CNNMEXICO
La mayoría política respalda la intervención de la petrolera, aunque muchos dudan del beneficio por los costos y la gestión del gobierno
La clase política y económica de Argentina está a la expectativa de las consecuencias de la expropiación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) anunciada por la presidenta Cristina Fernández esta semana. Se trata de uno de los pocos asuntos nacionales en los que el gobierno y gran parte de la oposición coinciden, aunque con diversos matices.
Más allá de la declamada “soberanía” hidrocarburífera como eslogan de la expropiación, el creciente déficit energético de Argentina ha encendido las luces de alarma en el gobierno, obsesionado por equilibrar la balanza comercial en un escenario financiero internacional complejo.
Mientras que en 2004 se exportaban 6,000 millones de dólares en combustibles y se importaba por 1,000 millones de dólares, en 2011 el país mantuvo las exportaciones, pero con importaciones valoradas en 9,000 millones de dólares, lo que implicó un déficit externo de 3,000 millones de dólares en el rubro. La situación impulsó a Cristina Fernández a dar el paso al frente respecto a YPF. Cuando se comenzó a privatizar la compañía en 1992, la presidenta se oponía a que el Estado interviniera en las empresas.
Hace 16 meses, con el descubrimiento de un gran yacimiento en la provincia de Neuquén, Fernández saludó el ingreso de la familia Eskenazi al paquete accionario de la empresa diciendo: "Cuando los que están en management son dueños, la gestión mejora". Esta semana, la situación cambió 360 grados.
La presidenta sabe que juega en un terreno clave para el país, ya que la producción petrolera y gasífera es su forma más económica y eficiente de generar energía desde el hallazgo del primer yacimiento en 1907. El crecimiento del país aumentó la demanda industrial y el consumo doméstico de hidrocarburos, pero la producción dista mucho de satisfacer la demanda.
Para el analista político Julio Burdman, la decisión del gobierno argentino no fue intempestiva, como opinan algunos críticos que califican la medida de Cristina Fernández como una maniobra para desviar la atención sobre las sospechas de corrupción hacia el vicepresidente, Amado Boudou.
La decisión del gobierno es la culminación de un proceso que comenzó en 2003, con un aumento de la intervención en el mercado energético durante el mandato del fallecido expresidente Néstor Kirchner, según considera Burdman en entrevista con CNNMéxico. “Aunque me sorprende la hostilidad de la negociación con Repsol, esto es algo que podía preverse”.
El analista asegura que el gobierno es consciente de que, a pesar de las críticas internacionales, el riesgo concreto de la expropiación es abstracto y que los costos serán bajos.
Respecto a la teoría de que se trata de un intento de mejorar la imagen del gobierno, Burdman se opone. “En todo caso es al revés, según los sondeos mantiene un alto índice de popularidad y eso le permite tomar una decisión de este calibre”. Una encuesta de la consultora Magament&Fit de marzo indicó que el 42.1% de los ciudadanos tiene un buen concepto de la presidenta, pero para un 53.8% su imagen es regular o francamente mala.
Incluso los que minimizan los riesgos de la expropiación, contemplan el misterio de su impacto en la economía argentina. Una de las preocupaciones, planteada por los partidos de centroizquierda, es la transparencia en la administración de los recursos energéticos por parte del gobierno. “Creemos fundamental que este cambio de rumbo esté acompañado de reglas claras y mecanismos de control que impidan cualquier maniobra que ponga el patrimonio nacional a merced de intereses personales o sectoriales y abonen prácticas poco transparentes, que lamentablemente hoy son moneda corriente por parte de esta administración”, señaló a través de un comunicado la diputada socialista Victoria Donda.
En la orilla opuesta de la decisión, se sitúa Mauricio Macri, líder del partido de centroderecha PRO, uno de los principales opositores del gobierno y de los pocos políticos que se han pronunciado en contra de la medida. El actual alcalde de la ciudad autónoma de Buenos Aires predijo en conferencia de prensa que en materia energética “en un año vamos a estar peor que ahora” y advirtió que la expropiación “nos endeuda y nos aleja del mundo”.
El principal representante del gobierno en la Cámara Baja, Agustín Rossi, valora con optimismo las perspectivas de la medida. “Para nosotros este proyecto implica una decisión de suma trascendencia para Argentina. Ubica al país en el camino de la recuperación de su soberanía en materia energética, en uno de los temas de mayor trascendencia a nivel mundial, por la manera en que se ha agravado el problema energético en todo el mundo", dijo Rossi en entrevista con CNNMéxico.
Otro de los que confían en los beneficios partidarios de la expropiación es Gustavo Callejas, secretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década de los 1980. “Aquí los españoles han causado daños, han sobreexplotado los yacimientos, sacaban las utilidades del país y no invertían.
Callejas equipara la situación a la de México en la época del presidente Lázaro Cárdenas, "discípulo de Enrique Mosconi", creador de YPF en 1922. "Los petroleros norteamericanos presionaban y establecían los precios que querían. Cárdenas los expropió creando Petróleos Mexicanos y fijando un precio normal para los hidrocarburos. Los petroleros estadounidenses fueron a quejarse ante Roosevelt, pero Cárdenas le explicó la situación y el presidente de Estados Unidos dijo a los petroleros que el mandatario mexicano tenía razón”, relata el exsecretario.
Sobre el impacto del cambio en los usuarios, Callejas estima que los precios serán cada vez más altos por el contexto mundial. “La única forma de bajarlos sería que el gobierno subsidie. La producción de crudo es baja, por lo que necesariamente va a haber importación. Y eso se va a tener que trasladar a los precios”.
Alieto Guadagni, también secretario de Energía a principios de 1980, considera que “la expropiación de YPF no es la mejor medida para salir de la actual situación de crisis. El gobierno tendría que encarar las inversiones reales y concretas que hacen falta, como por ejemplo, la construcción de nuevas refinerías”. El exfuncionario se pregunta “de dónde sacará recursos el Estado para realizar esta operación, porque el Tesoro está en rojo, el Banco Central ya no tiene reservas disponibles y la caja de la ANSES (el organismo que administra la seguridad previsional) ya no da para más”.
La vía de la intervención estatal no es exclusiva para YPF. El gobierno también sumó a este modelo a Aerolíneas Argentinas, en 2009, a los fondos de jubilación, en 2008, y a Aysa, proveedora de agua, en 2006.
