La Paz • La primera cita del presidente del consorcio Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, con el ministro boliviano de Energía, Juan José Sosa, tras la expropiación de la filial TDE, terminó ayer con breves declaraciones corteses de ambas partes, pero no se anunciaron avances significativos.
Sosa dijo que fue una reunión informativa en un “ambiente cordial” sobre los motivos del decreto que dictó el 1 de mayo el presidente Evo Morales, y Folgado expresó que la situación ha “evolucionado” de forma “satisfactoria”, aunque “mentiría” si dijera que a REE le agradó la expropiación.
Ninguno aludió al anuncio del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, pocas horas antes, en el sentido de que se dará una “pequeña o diminuta” compensación a REE o quizá “nada”.
Linera añadió que el gobierno de Morales “está atento” a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) “que dice que la empresa vale 5 millones”.
Dicho informe publicado por medios españoles, señala que el valor recuperable de TDE hace dos años era de solo 5.88 millones de euros (7.73 millones de dólares), un “dato interesante”, según Linera.
Sosa reiteró que el siguiente paso será contratar una empresa que evaluará los activos y pasivos de Transportadora de Electricidad (TDE), para negociar la compensación con esa base.
Morales expropió la semana pasada las acciones de Red Eléctrica en TDE, equivalentes al 99.94 por ciento del paquete accionario, argumentando inversiones insuficientes.
En tanto, representantes de los gobiernos de la comunidad iberoamericana iniciaron ayer en Madrid los preparativos de la 22 Cumbre Iberoamericana con un llamado de España a generar “un entorno de negocios favorable y estable”.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anfitriona del encuentro de dos días, transmitió el mensaje durante su intervención en la inauguración.
La cita, que reúne en el Palacio de la Moncloa, la sede gubernamental en Madrid, a vicepresidentes, ministros de la presidencia y representantes de otros niveles de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, marca el inicio de los preparativos de la cumbre de Cádiz, el 16 y 17 de noviembre en esa ciudad del sur de España.
En paralelo, los principales sindicatos del transporte público de Bolivia paralizaron ayer las ciudades de La Paz y El Alto, en el primer día de un paro de 48 horas contra una ley que busca ordenar el caos vial, comenzando con contundencia la séptima semana consecutiva de conflictos en Bolivia.
Los choferes, que rechazan una ley de la alcaldía capitalina que intenta mejorar el caótico tráfico urbano, se sumaron a numerosos sectores movilizados desde marzo contra el presidente Morales y otras autoridades, incluidos maestros, médicos, trabajadores de la salud, universitarios e indígenas.
El ministro de gobierno Carlos Romero dijo a la prensa prensa que hay al menos 18 puntos estratégicos bloqueados en La Paz y varios más en El Alto, pero afirmó que en el resto del país “no hay movilizaciones”.
Ante las crecientes manifestaciones, la Iglesia católica llamó ayer al diálogo y a evitar la violencia.
“Ante la ola creciente de conflictividad social en Bolivia, la jerarquía eclesiástica reitera un vehemente llamado a las autoridades públicas y a los sectores sociales movilizados, a evitar toda confrontación y violencia y a retomar el camino de un diálogo”, reveló un comunicado de los obispos.
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