DIARIO.COMTuskegee— La draconiana ley antiinmigrantes de Alabama golpea sobre todo a los hispanos, tanto ilegales como legales, obreros, campesinos y pequeños comerciantes, incluso a ojos de otros inmigrantes sin papeles.
“La ley es para todos los inmigrantes sin papeles pero es a nosotros, los mexicanos o centroamericanos, los que nos molestan”, dijo Azuzena Santillano, una mujer de 33 años de Durango, dueña de un almacén de productos latinos entre Tuskegee y Auburn, pueblos al este de Montgomery, la capital de Alabama.
Santillano abrió su negocio en julio y en septiembre aprobaron la ley contra la inmigración indocumentada, la más dura en Estados Unidos, que ha provocado un éxodo masivo entre los 130 mil indocumentados que tenía Alabama antes de la entrada en vigor de la legislación el 28 de septiembre, según estimación del Centro Pew Hispanic.
“Antes de que aprobaran la ley se había ido gente, pero luego se fueron muchísimos, me he quedado sin clientes casi”, dijo, Santillano, que paga una renta de casi 3 mil dólares mensuales por su local.
El comercio de Santillano queda en un centro comercial donde hay un restaurante chino y un spa de uñas de vietnamitas: “Todos somos extranjeros, y ellos tienen los mismos problemas para sacar papeles, pero todos sabemos que la policía a ellos no los molesta”.
Una pareja india que administra uno de los moteles de carretera de la zona también se mostró contrariada por la ley, pero no la perciben como una amenaza a su gente.
“Yo entiendo que los políticos quieran controlar a los indocumentados, pero esta ley es muy severa, si nosotros llegamos a emplear a un indocumentado nos quitan la licencia para administrar hoteles”, dijo Dipu Patel, una mujer de 30 años, encargada del registro de huéspedes durante las noches en Microtel Inn.
La gente en la calle interpreta la ley migratoria de Alabama como una medida contra la comunidad hispana, la primera minoría en el país con 50.5 millones de personas. Y en Alabama los hispanos indocumentados han escapado en masa.
“Creo que los latinos son el mayor número de personas en el estado por lo tanto gran parte de esto se enfoca en los latinos, pero aquellos que piensan que otros inmigrantes no se verán afectados por esta ley se equivocan profundamente”, dijo Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.
“La ley habla de todas las categorías de inmigrantes, no sólo los latinos”, agregó.
Los gremios de agricultores y de la construcción denuncian una pérdida importante de trabajadores que está mermando sus negocios y pequeños comerciantes latinoamericanos van directo a la quiebra.
Al norte de Tuskegee, en las afueras de Birmingham, Daniel Valencia, se dio como máximo un mes para decidir el cierre de su Taquería Valencia, un restaurante mexicano de 27 mesas, donde después del mediodía estaba él y un cocinero.
Valencia se quedó con dos meseros de cinco y un cocinero de tres después de que entró en vigor. “Ni los despedí. Se fueron mis empleados y clientes. Hasta uno que tiene papeles le da miedo ahora la policía”, afirmó Valencia, que obtuvo la residencia en 1985.
Valencia paga 6 mil dólares mensuales por su local. “Si no me rebajan el alquiler mientras espero si revocan la ley, cerraré el restaurante y tendré que empezar de nuevo”.
“La ley es para todos los inmigrantes sin papeles pero es a nosotros, los mexicanos o centroamericanos, los que nos molestan”, dijo Azuzena Santillano, una mujer de 33 años de Durango, dueña de un almacén de productos latinos entre Tuskegee y Auburn, pueblos al este de Montgomery, la capital de Alabama.
Santillano abrió su negocio en julio y en septiembre aprobaron la ley contra la inmigración indocumentada, la más dura en Estados Unidos, que ha provocado un éxodo masivo entre los 130 mil indocumentados que tenía Alabama antes de la entrada en vigor de la legislación el 28 de septiembre, según estimación del Centro Pew Hispanic.
“Antes de que aprobaran la ley se había ido gente, pero luego se fueron muchísimos, me he quedado sin clientes casi”, dijo, Santillano, que paga una renta de casi 3 mil dólares mensuales por su local.
El comercio de Santillano queda en un centro comercial donde hay un restaurante chino y un spa de uñas de vietnamitas: “Todos somos extranjeros, y ellos tienen los mismos problemas para sacar papeles, pero todos sabemos que la policía a ellos no los molesta”.
Una pareja india que administra uno de los moteles de carretera de la zona también se mostró contrariada por la ley, pero no la perciben como una amenaza a su gente.
“Yo entiendo que los políticos quieran controlar a los indocumentados, pero esta ley es muy severa, si nosotros llegamos a emplear a un indocumentado nos quitan la licencia para administrar hoteles”, dijo Dipu Patel, una mujer de 30 años, encargada del registro de huéspedes durante las noches en Microtel Inn.
La gente en la calle interpreta la ley migratoria de Alabama como una medida contra la comunidad hispana, la primera minoría en el país con 50.5 millones de personas. Y en Alabama los hispanos indocumentados han escapado en masa.
“Creo que los latinos son el mayor número de personas en el estado por lo tanto gran parte de esto se enfoca en los latinos, pero aquellos que piensan que otros inmigrantes no se verán afectados por esta ley se equivocan profundamente”, dijo Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.
“La ley habla de todas las categorías de inmigrantes, no sólo los latinos”, agregó.
Los gremios de agricultores y de la construcción denuncian una pérdida importante de trabajadores que está mermando sus negocios y pequeños comerciantes latinoamericanos van directo a la quiebra.
Al norte de Tuskegee, en las afueras de Birmingham, Daniel Valencia, se dio como máximo un mes para decidir el cierre de su Taquería Valencia, un restaurante mexicano de 27 mesas, donde después del mediodía estaba él y un cocinero.
Valencia se quedó con dos meseros de cinco y un cocinero de tres después de que entró en vigor. “Ni los despedí. Se fueron mis empleados y clientes. Hasta uno que tiene papeles le da miedo ahora la policía”, afirmó Valencia, que obtuvo la residencia en 1985.
Valencia paga 6 mil dólares mensuales por su local. “Si no me rebajan el alquiler mientras espero si revocan la ley, cerraré el restaurante y tendré que empezar de nuevo”.
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