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Los dos principales sindicatos solicitan al gobierno del Partido Popular un gesto de diálogo para evitar que el conflicto se recrudeza
MADRID (CNNMéxico) — Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, sufre desde la medianoche de este jueves (tiempo de España) su primera huelga general, cuando se cumplen 100 días desde que comenzó su mandato.
El octavo paro general de la democracia española en contra de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular decretado el 11 de febrero pasado, comenzó con una mayor incidencia en el sector del transporte y la industria. Los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), a través de sus secretarios de organización, Antonio del Campo y José Javier Cubillo, han cifrado en el 77% seguimiento medio de la huelga general entre los trabajadores asalariados, y en torno al 75% o 76% en los sectores de sanidad, comercio o enseñanza, lo que han calificado como un dato "muy positivo" y un "éxito”.
Cristina Díaz, directora general de Política Interior del gobierno, informó durante la mañana de 58 detenciones en incidentes aislados y nueve heridos leves. “El seguimiento es claramente inferior al registrado en 2010 gracias al cumplimiento de los servicios mínimos”, declaró Díaz.
Agregó que “el descenso eléctrico se sitúa en un 17.7%, un dato que en 2010 registró un descenso del 18.3%”, según los datos de la Red Eléctrica de España. La titular de Empleo, Fátima Báñez, remachó este argumento para sustentar la posición del gobierno: “Lo que nos preocupa es dar oportunidades a las cinco millones de personas que están paradas. La reforma laboral ha tenido un amplio respaldo en el Congreso por tanto es una norma que ha sido convalidada por las Cortes”.
Los secretarios generales de los sindicatos, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) realizaron una “valoración cualitativa” a última hora de la mañana. “Hoy (jueves) ha habido una huelga general con una muy amplia participación de los trabajadores y trabajadoras de todos los servicios”, señaló Méndez.
“La huelga es el medio para conseguir nuestro fin: que el gobierno modifique la reforma laboral que ahonda en la recesión económica y abra una nueva negociación”. Mientras que Fernández Toxo recalcó que “si no se reconduce la norma habrá conflicto social creciente hasta que se rectifique”. Báñez respondió al envite de los sindicatos afirmando que “el gobierno está abierto al diálogo hasta la extenuación”.
La industria es uno de los sectores donde se produce el mayor seguimiento. A las doce de la noche de este miércoles, al comienzo de la huelga general, en las tres principales fábricas de automóviles de España: Martorell (Seat), Pamplona (Volkswagen) y Valencia (Ford), el seguimiento era masivo. La fábrica de Ford se mantendrá cerrada durante la jornada y la de Valencia dejará de producir 1,900 vehículos. En la petroquímica de Repsol, en Puertollano, el seguimiento también es masivo. Además, los sindicatos añadían con “optimismo” que "los grandes centros de distribución de las principales ciudades, la práctica totalidad de los puertos y seguimientos entre el 80% y el 90% en los sectores de alimentación y químico".
Las autoridades prepararon un dispositivo policial de 42,000 agentes, el 70% de la plantilla respetando los servicios mínimos. El mayor despliegue se produce en Madrid, donde se espera la manifestación más multitudinaria, con 1,000 agentes antidisturbios. Hay previstas manifestaciones en más de 100 ciudades para cerrar la jornada.
El PSOE, principal partido de la oposición, ha mostrado su “solidaridad con los trabajadores” en un comunicado que ha leído su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, pero no secunda la huelga general pese a considerar que la reforma laboral “constituye una agresión para los trabajadores y rompe un modelo de relaciones fruto de nuestro acuerdo constitucional y el trabajo que, desde 1978”.
La principal patronal CEOE destacaba al comienzo de la jornada la "gran normalidad con empresas abiertas y la inmensa mayoría de los trabajadores en sus puestos de trabajo, y con un seguimiento desigual según sectores y Comunidades Autónomas".
Debilidad del gobierno
La convocatoria se produce en un momento de especial debilidad para el gobierno de Mariano Rajoy, al creciente rechazo popular —el pasado 11 de marzo se organizaron manifestaciones en 60 ciudades españolas— por una norma que flexibiliza el despido, se une el revés electoral que el partido sufrió en las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias, del 25 de marzo, y la presión desde la Unión Europea para que sanee el sector bancario.
España, además, sufre uno de los mayores problemas de desempleo de su historia con 5.3 millones de parados, y un desempleo juvenil del 48%, según la última Encuesta de Población Activa. “La reforma laboral está hecha para crear empleo y que no haya tres millones de despidos”, ha afirmado Rajoy en referencia al anterior gobierno socialista.
“Tenemos la conciencia tranquila, son medidas justas y equitativas”, explicó el presidente del gobierno, quien ha manifestado en varias ocasiones que no modificará la reforma laboral. “El compromiso con la reforma laboral es total”, dijo Luis de Guindos, titular de Economía. “No vamos a modificar un ápice el contenido”. Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, agregó que el gobierno no cedería “en lo que sería profundizar en la crisis. Es un momento muy crítico para España”.
La norma aprobada el 11 de febrero generaliza el contrato con indemnización por despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, así como flexibiliza las causas para que los empresarios puedan acogerse a la vía del despido procedente, que se limita a 20 días por año trabajado y fija un máximo de 12 meses.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó el día de su aprobación en consejo de ministros que bastará con que las empresas tengan "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos" para poder plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este tipo de medidas no requerirán autorización administrativa como hasta la fecha. Para reducir el paro juvenil, que sufre una tasa de desempleo del 48%, el Ejecutivo ha creado un nuevo contrato indefinido para emprendedores. En él, se establece una rebaja en los costes laborales de 3,000 euros para las pymes con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30 años que esté en paro.
Además de la protesta contra la reforma laboral, en la huelga los sindicatos se quejan de los ajustes presupuestarios. Este viernes, Rajoy aprobará en consejo de ministros un proyecto de presupuestos del Estado que será “el más austero de la democracia”, según ha anunciado. Con una reducción media del 15% en las partidas de todos los ministerios, la difícil asignatura del cumplimiento del objetivo de déficit justo en el comienzo de una larga recesión. El presidente del gobierno ha advertido de que al recorte de 16,000 millones que ya ha sido anunciado, le sucederán "nuevos ajustes" para "acomodar la economía española a las exigencias de Europa" en la "loca carrera de reducir el déficit" que, en su opinión, es "incompatible" con el mantenimiento de la actividad económica y la lucha contra el paro.
La última huelga general se produjo en septiembre de 2010 contra la reforma laboral aprobada por el anterior Ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
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