EL HERALDO
La Paz, Bolivia.- Centenares de campesinos manifestaron en La Paz y decenas de vecinos de El Alto cortaron el tráfico vehicular para pedir a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia la aprobación de la pena de muerte para violadores y asesinos, constató este lunes la AFP.
"¡Pena de muerte, pena de muerte!" gritaron varias decenas de indignados vecinos en la autopista El Alto-La Paz, principal vía de comunicación entre ambas ciudades, que juntas suman cerca de 1.5 millones de habitantes y donde más de 40 personas han muerto desde enero a manos de asaltantes callejeros.
Los pedidos de fuertes sanciones contra los delincuentes se intensificaron en ambas ciudades desde el asesinato hace una semana de dos hermanos, ambos periodistas radiofónicos, presuntamente a manos de cogoteros, asaltantes que estrangulan a sus víctimas.
En El Alto, a unos 12 km de La Paz, los vecinos exigieron cerca al mediodía del lunes la instauración de la pena de muerte, un día después de haberse enfrentado con la policía, que impidió el linchamiento de un ladrón en una plaza pública.
Con el mismo pedido, varios centenares de campesinos marcharon al mediodía en La Paz hasta el Ministerio de Justicia. "Pena de muerte para los cogoteros", decían algunas pancartas.
Los campesinos aymaras demandaron en particular la captura de los autores de la muerte de los hermanos, una mujer y un varón, hijos de una autoridad indígena de una comunidad del altiplano.
"Estamos pidiendo justicia", afirmó en una improvisada rueda de prensa, el dirigente de los campesinos, Nelson Condori.
Por otra parte, el líder del principal sindicato de choferes públicos de Bolivia , Franklin Durán, se sumó a las voces por la pena capital. "Estamos plenamente de acuerdo para ir a la pena de muerte", dijo, aunque aclaró que primero se debe realizar "un referéndum, para que toda la población, con su voto, le dé legalidad".
Las críticas también se han dirigido a la Policía, incapaz de controlar la delincuencia debido a la falta de recursos.
La Constitución vigente prohíbe la pena de muerte y la sanción máxima es la de 30 años de cárcel.
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