EL UNIVERSAL
El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, justificó su apoyo a un proyecto de ley de inmigración que discute la legislatura estatal debido al “caos” que, según él, aparentemente reina en México.
Al rechazar el argumento de los detractores de que la ley conduciría al etiquetamiento racial, Bryant dijo que “esta ley se aplica a todos, no sólo a los que están al sur de nosotros o son de ascendencia hispana”. “Miren el crimen y la violencia que vemos ahora en México”, dijo Bryant. “La frontera... al sur de Estados Unidos hay un país que parece estar sumido en el caos”. Bryant, quien asumió en enero, dijo que se debe “aplicar la ley. Eso es todo lo que pedimos”, hablando en una conferencia que convocaron el miércoles la Federación de Mississippi para la Reforma Inmigratoria y Policial y el Tea Party estatal.
El proyecto dice que la policía debe verificar el estatus migratorio cuando “existe una sospecha razonable” de que la persona se encuentra en Estados Unidos sin la debida autorización. Prohíbe a los agentes tener en cuenta factores tales como la raza, el color de la piel o el origen nacional al tomar esa decisión. Bill Chandler, de las Alianzas de Mississippi por los Derechos de los Inmigrantes sostiene que conducirá al etiquetamiento racial.
En tanto, un funcionario del Departamento de Justicia de EU dijo ayer a un panel de tres jueces que la ley de Alabama destinada a tomar duras medidas contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos usurpa poderes reservados para el gobierno federal.
“La regulación de la inmigración es un asunto exclusivo para el gobierno federal”, dijo la vicefiscal asistente Beth Brinkmann a los jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito 11 de Atlanta. El panel también oyó los argumentos a una objeción planteada por grupos activistas a la nueva ley antiinmigrante de Georgia.
Casi el 70% de los niños inmigrantes que acaban bajo la custodia del gobierno estadounidense, porque son encontrados sin padres y sin autorización para residir en el país, provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, según un reporte difundido el jueves por el Centro de Inmigración y Justicia del Instituto Vera, con sede en Nueva York.
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