EL UNIVERSAL
Humberto Valle Hernández llegó hace más de un año a España, directamente desde la prisión de Santa Clara, en Cuba, a un hotel de tres estrellas de Madrid. El entonces presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el régimen castrista habían firmado un acuerdo por el cual el Estado español correría con los gastos de manutención del preso a cambio de que Raúl Castro aceptara su liberación.
En virtud de ese convenio, que se firmó tras la mediación de la Iglesia católica, durante los años 2010 y 2011, más de un centenar de presos políticos como Valle llegaron a Madrid acompañados por sus familias. Unas 650 personas en total. Muchos de ellos pertenecían al Grupo de los 75, presos sin delitos de sangre a quienes se les acusaba de atentar contra la soberanía nacional cubana y “conspirar con Estados Unidos”. Aquí fueron recibidos con una gran acogida. Durante todo este tiempo tres ONG se ocuparon de ellos —CEAR, Cruz Roja y ACCEM—, pero menos de un 10% logró encontrar trabajo estable y ser independiente, según datos de la Cruz Roja.
Ahora el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) ha puesto fin a ese convenio y por tanto a las ayudas, alegando que no hay dinero debido a la crisis económica que vive el país. Argumenta que el programa se diseñó para un año y medio y que concluido el plazo, no está pensada ninguna prórroga. Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, reconoció que el tema “no es sencillo” y que están “en una situación difícil”, aunque se comprometió a ayudarles a convalidar sus títulos profesionales y, en general, a tratar de facilitarles la búsqueda de empleo. “A eso es a lo que les vamos a ayudar”, dijo sin aclarar si barajan una prórroga de las ayudas.
Los cubanos más afortunados se han realojado en casas de familiares. Pero la mayoría, sin trabajo ni dinero, se han visto obligados a abandonar sus departamentos y a vivir en la calle. Como medida de presión, muchos permanecen acampados en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores, a escasos metros de la céntrica Puerta del Sol, y amenazan con seguir allí hasta que el gobierno cumpla su promesa. No se fían.
“Ya sólo me queda suicidarme”, dice Humberto Valle Hernández en entrevista con EL UNIVERSAL a las puertas de la sede de la cancillería, donde ha pasado la noche. “Hacer igual que hizo hace unos días Albert Santiago Du Bouchet Hernández”, añade, en referencia al periodista y ex presidiario que se suicidó el martes 3 de abril, abrumado por las deudas. “No tengo casa, ni dinero, ni trabajo. He llamado a todas las puertas, al gobierno, a los ayuntamientos, a las ONGs y nadie me quiere ayudar. Ya no puedo más. Estoy al límite”, reconoce rodeado de maletas. “Lo único que puedo hacer es quitarme la vida. Ahorcarme aquí mismo, delante del ministerio y de mis compatriotas, para que mi mujer y mis hijas puedan tener un futuro mejor. Ponerme una enorme pancarta al cuello y llamar a la prensa internacional. Creo que eso es lo que quieren que haga y lo que haré”, amenaza.
Valle llegó a España el 8 de abril del año pasado después de pasar 11 años en la prisión de Villa Clara.
Le condenaron a 20 años. Cuenta que en cuanto llegó a Madrid se operó de un coágulo que tenía en el cerebro y del tabique nasal que le rompieron durante las torturas que sufrió en prisión. Y que una vez que se recuperó empezó a buscar trabajo. Sin embargo, no ha encontrado nada.
“En este país hay cinco millones de personas sin trabajo, así que es muy difícil lograr un empleo”, reconoce. “Pero mucho más si no te convalidan el título universitario ni la licencia de conducir, como nos pasa a nosotros”, relata. El hombre es licenciado en Educación Física, pero está dispuesto a trabajar de lo que sea. “Soy capaz de cocinar, de lavar platos, de recoger la basura. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder sobrevivir. Quiero trabajar. No quiero el dinero de los españoles, como se nos ha acusado, sólo quiero trabajar”, añade.
Valle se siente traicionado. “Yo vine a España porque creí que aquí iba a tener una vida mejor y ahora me encuentro durmiendo en la calle”, relata. El pasado 1 de marzo recibió el último pago de la ayuda que le da el gobierno y como este mes no ha podido pagar el departamento en el que vive la dueña le ha echado. Ha llamado a todas las puertas. Al gobierno, al Ayuntamiento, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Dice que nadie les ha querido escuchar. Sólo una organización no gubernamental les ha permitido comer y cenar en sus comedores y dormir en los albergues para los “sin techo”. “Pero eso no es vida. Yo no vine aquí, donde esperaba encontrar un futuro para mis hijas, para acabar viviendo de la caridad. No pido limosna, pido un trabajo”, dice.
Vivir en la calle
Marcia Rojas Monsulín también llegó a Madrid con su hermano, que era preso político en Cuba. Cada mes recibía una ayuda para manutención de 579 euros y otra de 600 euros para el pago del alquiler del departamento.
Con eso vivían su hermano, su sobrino, la mujer de su sobrino y ella. Hace unos días una llamada de la Cruz Roja, que es la que cada mes le daba los cheques, le anunció que las ayudas se acababan.
“Llevo varios días durmiendo en la calle y no puedo más. Estoy desesperada. Siento que nos han engañado. Nos prometieron que no ayudarían y ahora nos dejan tirados”, denuncia. “Ya no sabemos qué hacer, a quién pedir ayuda. Somos muchos: hombres, mujeres, niños y ancianos. Yo todas las noches me las paso llorando. No duermo nada. Si pudiera irme ahora mismo me regresaría. ¿No dicen los españoles que España es para los españoles? Pues que nos metan a todos los que queremos volver en un avión y que nos manden a La Habana. Aquí muchos ya no queremos estar”, concluye.
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