Una ONG brasileña demandó a una empresa de comercio exterior por vender de forma ilegal más de 25 toneladas de aletas de tiburón, lo que supondría la pesca ilegal de unos 280 mil escualos, y pidió una millonaria indemnización por el daño ambiental, según informaron hoy fuentes de la propia organización.
El Instituto Justicia Ambiental (IJA) emprendió una acción civil en un juzgado de Belén, capital del estado amazónico de Pará, contra Sigel de Brasil Comercio, empresa de importaciones y exportaciones, a la que reclama 1.400 millones de reales (unos 800 millones de dólares) en concepto de daños ambientales irreversibles e incontables.
Según investigaciones realizadas por IJA, Sigel obtuvo de forma ilegal más de 25 toneladas de aletas de tiburón y vejigas natatorias de animales no identificados en aguas del Atlántico cerca de la desembocadura del río Amazonas.
En ese sentido, la ONG denuncia que el producto comercializado por Sigel durante los últimos cinco años excedió los límites de captura establecidos por ley, que permite la comercialización de hasta una tonelada al mes.
Los abogados del IJA afirman que Sigel se encarga de "procesar" los tiburones para obtener las aletas y las vejigas de cada ejemplar, que después son tratadas y revendidas de forma ilegal, ya que entre los animales abatidos se encuentran especies en peligro de extinción.
La ley brasileña de protección de especies prohíbe matar tiburones sólo para retirar las aletas y establece una multa de 5.000 reales (unos 2.800 dólares) por cada ejemplar cazado ilegalmente.
El director del IJA, Cristiano Pacheco, consideró que la demanda supone una "actuación récord" por las dimensiones del crimen ambiental y por la posible sanción, aunque señaló que este caso esconde un panorama poco alentador.
"Asusta pensar que estas cifras (de animales abatidos) provienen tan sólo de una empresa. Imagine cuántos otros casos escapan al control del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA)", lamentó en un comunicado colgado en la página de internet del IJA.
Pacheco explicó que el valor de la demanda es provisional y que la indemnización podría llegar a ser incluso mayor, según el resultado de las investigaciones que deben hacerse para comprobar el impacto ambiental real producido en la zona.
La entidad ecologista pretende iniciar un proceso criminal que permita identificar a las personas encargadas de la empresa Sigel, para que la sentencia no termine solo en una multa y sí en una condena de este tipo de actuaciones.
Además de la amenaza que supone para las propias especies de tiburones, el director del IJA señaló el peligro que la desaparición de este predador puede provocar en el resto de ecosistemas de la región amazónica, donde estos animales son cazados con impunidad.
"Suprimir los tiburones de esa forma absurda y descontrolada acabará provocando el colapso de los ecosistemas marinos", sentenció.
El Instituto Justicia Ambiental (IJA) emprendió una acción civil en un juzgado de Belén, capital del estado amazónico de Pará, contra Sigel de Brasil Comercio, empresa de importaciones y exportaciones, a la que reclama 1.400 millones de reales (unos 800 millones de dólares) en concepto de daños ambientales irreversibles e incontables.
Según investigaciones realizadas por IJA, Sigel obtuvo de forma ilegal más de 25 toneladas de aletas de tiburón y vejigas natatorias de animales no identificados en aguas del Atlántico cerca de la desembocadura del río Amazonas.
En ese sentido, la ONG denuncia que el producto comercializado por Sigel durante los últimos cinco años excedió los límites de captura establecidos por ley, que permite la comercialización de hasta una tonelada al mes.
Los abogados del IJA afirman que Sigel se encarga de "procesar" los tiburones para obtener las aletas y las vejigas de cada ejemplar, que después son tratadas y revendidas de forma ilegal, ya que entre los animales abatidos se encuentran especies en peligro de extinción.
La ley brasileña de protección de especies prohíbe matar tiburones sólo para retirar las aletas y establece una multa de 5.000 reales (unos 2.800 dólares) por cada ejemplar cazado ilegalmente.
El director del IJA, Cristiano Pacheco, consideró que la demanda supone una "actuación récord" por las dimensiones del crimen ambiental y por la posible sanción, aunque señaló que este caso esconde un panorama poco alentador.
"Asusta pensar que estas cifras (de animales abatidos) provienen tan sólo de una empresa. Imagine cuántos otros casos escapan al control del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA)", lamentó en un comunicado colgado en la página de internet del IJA.
Pacheco explicó que el valor de la demanda es provisional y que la indemnización podría llegar a ser incluso mayor, según el resultado de las investigaciones que deben hacerse para comprobar el impacto ambiental real producido en la zona.
La entidad ecologista pretende iniciar un proceso criminal que permita identificar a las personas encargadas de la empresa Sigel, para que la sentencia no termine solo en una multa y sí en una condena de este tipo de actuaciones.
Además de la amenaza que supone para las propias especies de tiburones, el director del IJA señaló el peligro que la desaparición de este predador puede provocar en el resto de ecosistemas de la región amazónica, donde estos animales son cazados con impunidad.
"Suprimir los tiburones de esa forma absurda y descontrolada acabará provocando el colapso de los ecosistemas marinos", sentenció.
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