CNNMEXICOLA PAZ (EFE) — La ministra de Defensa de Bolivia, Cecilia Chacón, renunció este lunes al gabinete de Evo Morales, en repudio a la represión de una marcha indígena en defensa de un parque natural ocurrida el domingo pasado, mientras que el mandatario anunció una investigación del incidente.
Chacón, con apenas cinco meses en el cargo, consideró que había otras formas de resolver el conflicto "en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra", explicó en una carta enviada a Morales.
El presidente boliviano consideró imperdonable lo ocurrido el domingo y anunció una investigación profunda para dar "con todos los agresores", incluyendo los que secuestraron al canciller David Choquehuanca y a los que atacaron a policías.
La marcha, que inició el 15 de agosto con la participación de unos 1,500 indígenas, fue disuelta violentamente cerca del pueblo de Yucomo, a más de 300 kilómetros de la capital, La Paz.
Cientos de policías intervinieron con gases lacrimógenos y macanas, detuvieron a sus dirigentes y trasladaron a adultos y niños indígenas en autobuses hasta pueblos cercanos, desde donde pretendían enviarlos este lunes a sus comunidades.
Después, en la localidad de Rurrenabaque, a donde llegaron los agentes con los detenidos, los lugareños ocuparon el aeropuerto del lugar y liberaron a varios líderes de la protesta.
Un menor murió en las revueltas, según fuentes allegadas a los indígenas y la Conferencia Episcolpal católica, que exige a Morales “renunciar al camino de la represión, la persecución y la violencia”.
Luego del incidente, que deteriora la imagen de Morales como indigenista y ecologista, sindicatos, asociaciones indígenas, partidos opositores y grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos realizaron este lunes huelgas de hambre, vigilias y bloqueos para apoyar a los indígenas.
Los indígenas de etnias amazónicas se oponen a que una carretera parta en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, también llamado Tipnis, reserva natural de 1.2 millones de hectáreas, pues temen que sea destruida por madereros y productores de coca.
Pese a su condición de jefe de Estado, el mandatario indígena de la etnia aimara aún dirige sindicatos de cocaleros de la zona del Chapare, aledaña al Tipnis, y les ha prometido más tierras.
Tras la represión y la renuncia de la ministra de Defensa, la secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía, se declaró este lunes dispuesta a una posible mediación para desactivar la tensión en la Amazonía boliviana, si así lo piden los gobiernos del organismo de integración.
"Yo actuaría solo y si en el momento en que los señores, cancilleres o los presidentes (de Unasur) así lo decidieran", dijo Mejía al ser consultada sobre las protestas que se registran en Bolivia.
El gobierno brasileño, que financia el la construcción de la carretera, pidió una solución negociada y confirmó su disposición a colaborar financieramente con el proyecto, que consideró "de gran importancia para la integración nacional de Bolivia".
"El gobierno brasileño manifiesta su confianza en que el gobierno boliviano y diferentes sectores de la sociedad boliviana van a favorecer el diálogo y la negociación en la búsqueda de un entendimiento sobre el trazado de la carretera", informó la cancillería brasileña.
En La Paz, cientos de manifestantes protestaron este lunes en la plaza Murillo, donde se encuentran la presidencia y el palacio legislativo, pidiendo la renuncia de Morales y del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
También hubo protestas en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y otras ciudades, en las que varios grupos ocuparon calles y plazas para rechazar la represión ordenada por el gobierno de Morales.
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Chacón, con apenas cinco meses en el cargo, consideró que había otras formas de resolver el conflicto "en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra", explicó en una carta enviada a Morales.
El presidente boliviano consideró imperdonable lo ocurrido el domingo y anunció una investigación profunda para dar "con todos los agresores", incluyendo los que secuestraron al canciller David Choquehuanca y a los que atacaron a policías.
La marcha, que inició el 15 de agosto con la participación de unos 1,500 indígenas, fue disuelta violentamente cerca del pueblo de Yucomo, a más de 300 kilómetros de la capital, La Paz.
Cientos de policías intervinieron con gases lacrimógenos y macanas, detuvieron a sus dirigentes y trasladaron a adultos y niños indígenas en autobuses hasta pueblos cercanos, desde donde pretendían enviarlos este lunes a sus comunidades.
Después, en la localidad de Rurrenabaque, a donde llegaron los agentes con los detenidos, los lugareños ocuparon el aeropuerto del lugar y liberaron a varios líderes de la protesta.
Un menor murió en las revueltas, según fuentes allegadas a los indígenas y la Conferencia Episcolpal católica, que exige a Morales “renunciar al camino de la represión, la persecución y la violencia”.
Luego del incidente, que deteriora la imagen de Morales como indigenista y ecologista, sindicatos, asociaciones indígenas, partidos opositores y grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos realizaron este lunes huelgas de hambre, vigilias y bloqueos para apoyar a los indígenas.
Los indígenas de etnias amazónicas se oponen a que una carretera parta en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, también llamado Tipnis, reserva natural de 1.2 millones de hectáreas, pues temen que sea destruida por madereros y productores de coca.
Pese a su condición de jefe de Estado, el mandatario indígena de la etnia aimara aún dirige sindicatos de cocaleros de la zona del Chapare, aledaña al Tipnis, y les ha prometido más tierras.
Tras la represión y la renuncia de la ministra de Defensa, la secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía, se declaró este lunes dispuesta a una posible mediación para desactivar la tensión en la Amazonía boliviana, si así lo piden los gobiernos del organismo de integración.
"Yo actuaría solo y si en el momento en que los señores, cancilleres o los presidentes (de Unasur) así lo decidieran", dijo Mejía al ser consultada sobre las protestas que se registran en Bolivia.
El gobierno brasileño, que financia el la construcción de la carretera, pidió una solución negociada y confirmó su disposición a colaborar financieramente con el proyecto, que consideró "de gran importancia para la integración nacional de Bolivia".
"El gobierno brasileño manifiesta su confianza en que el gobierno boliviano y diferentes sectores de la sociedad boliviana van a favorecer el diálogo y la negociación en la búsqueda de un entendimiento sobre el trazado de la carretera", informó la cancillería brasileña.
En La Paz, cientos de manifestantes protestaron este lunes en la plaza Murillo, donde se encuentran la presidencia y el palacio legislativo, pidiendo la renuncia de Morales y del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
También hubo protestas en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y otras ciudades, en las que varios grupos ocuparon calles y plazas para rechazar la represión ordenada por el gobierno de Morales.
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