EL PUEBLOWashington.- Aseguraron legisladores republicanos en Estados Unidos que, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigación (FBI) ocultaron en 2010 al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la identidad del principal comprador de armas en Juárez al que la operación Rápido y Furioso buscaba ubicar.
El martes pasado, por medio de una carta enviada al Departamento de Justicia de EU por el congresista Darrell Issa y el Senador Charles Grassley, fuentes confidenciales les revelaron que la DEA y el FBI conocían desde antes de 2010 al comprador de armas de fuego que ATF buscaba ubicar con la operación Rápido y Furioso, y que podría haber sido un informante confidencial de la DEA.
"Si ATF hubiera sabido en enero de 2010, como la DEA y el FBI aparentemente sabían, que la red de compra por terceros estaba adquiriendo armas para el CI #1 (Informante Confidencial Número 1), entonces la operación Rápido y Furioso pudo haber terminado hasta 10 meses", indicó el documento.
En la carta presentada, continúa una acusación hecha desde julio por los republicanos contra la Administración demócrata del Presidente Barack Obama diciendo que las agencias del orden federales no compartieron información clave con ATF al inicio de la operación Rápido y Furioso.
Bajo investigación del Congreso y del Inspector General del Departamento, la operación fue una estrategia de la ATF mediante de la que buscaban ubicar a grandes contrabandistas de armas y durante la que, según críticos, habría permitido el tráfico vigilado de armas con ese fin.
Legisladores indicaron que, la ATF y otras agencias crearon en 2010 la operación Rápido y Furioso desde Phoenix, y su fin era investigar las operaciones de tráfico de armas de Manuel Fabian Celis Acosta, quien utilizaba a un grupo de compradores en distintas tiendas.
A la par, la oficina de la DEA en Las Cruces, Nuevo México, sabía por otra investigación separada (y que había iniciado meses antes) que un sujeto investigado por ellos en Juárez (el Informante Confidencial Número 1) le ordenaba las armas a Celis Acosta.
Según los legisladores, la información derivada de su pesquisa permite suponer que el Departamento de Justicia no coordinó correctamente a sus agencias internas en compartir datos con ATF, algo que el ex jefe interino de dicha agencia ya había comentado en un testimonio secreto.
Testimonios levantados por el grupo de investigación del congresista Issa, bajo Rápido y Furioso alrededor de 500 armas decomisadas en México entre 2009 y 2010 habrían sido originadas de la investigación en Phoenix y habrían ido a parar a los arsenales del Cártel de Sinaloa en México.
El martes pasado, por medio de una carta enviada al Departamento de Justicia de EU por el congresista Darrell Issa y el Senador Charles Grassley, fuentes confidenciales les revelaron que la DEA y el FBI conocían desde antes de 2010 al comprador de armas de fuego que ATF buscaba ubicar con la operación Rápido y Furioso, y que podría haber sido un informante confidencial de la DEA.
"Si ATF hubiera sabido en enero de 2010, como la DEA y el FBI aparentemente sabían, que la red de compra por terceros estaba adquiriendo armas para el CI #1 (Informante Confidencial Número 1), entonces la operación Rápido y Furioso pudo haber terminado hasta 10 meses", indicó el documento.
En la carta presentada, continúa una acusación hecha desde julio por los republicanos contra la Administración demócrata del Presidente Barack Obama diciendo que las agencias del orden federales no compartieron información clave con ATF al inicio de la operación Rápido y Furioso.
Bajo investigación del Congreso y del Inspector General del Departamento, la operación fue una estrategia de la ATF mediante de la que buscaban ubicar a grandes contrabandistas de armas y durante la que, según críticos, habría permitido el tráfico vigilado de armas con ese fin.
Legisladores indicaron que, la ATF y otras agencias crearon en 2010 la operación Rápido y Furioso desde Phoenix, y su fin era investigar las operaciones de tráfico de armas de Manuel Fabian Celis Acosta, quien utilizaba a un grupo de compradores en distintas tiendas.
A la par, la oficina de la DEA en Las Cruces, Nuevo México, sabía por otra investigación separada (y que había iniciado meses antes) que un sujeto investigado por ellos en Juárez (el Informante Confidencial Número 1) le ordenaba las armas a Celis Acosta.
Según los legisladores, la información derivada de su pesquisa permite suponer que el Departamento de Justicia no coordinó correctamente a sus agencias internas en compartir datos con ATF, algo que el ex jefe interino de dicha agencia ya había comentado en un testimonio secreto.
Testimonios levantados por el grupo de investigación del congresista Issa, bajo Rápido y Furioso alrededor de 500 armas decomisadas en México entre 2009 y 2010 habrían sido originadas de la investigación en Phoenix y habrían ido a parar a los arsenales del Cártel de Sinaloa en México.
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