EL UNIVERSAL
MADRID.— El juez Baltasar Garzón, el primer magistrado que se atrevió a investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y el que no dudó en procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, vio ayer terminada su larga carrera judicial.
El Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial que hay en España, le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar las grabaciones de las conversaciones mantenidas en la cárcel entre los abogados y los principales acusados del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción ocurrida en España y que afecta al derechista Partido Popular (PP).
Según el fallo del Supremo, la sentencia implica “11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial”. Además le impone una multa de 2 mil 500 euros, unos 3 mil 500 dólares, y el pago de las costas.
Garzón, quien también es juzgado por prevaricación al haber iniciado las investigaciones de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y por un delito de cohecho impropio por los pagos recibidos por unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York, hizo público un comunicado en el que rechaza “frontalmente la sentencia”, de la que dice que le condena de forma “injusta y predeterminada”.
Anunció que acudirá a las vías legales que correspondan “para combatir” la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes “para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores” de la misma han cometido. “He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas”, dijo.
“Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”, dijo. Subrayó que la sentencia, “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.
Francisco Baena Bocanegra, abogado del juez, reconoció que Garzón estaba “muy afectado y dolido con la noticia”, aunque lo definió como un hombre “acostumbrado al sufrimiento y sabe que hay que seguir luchando”. También María, hija de Garzón, envió una carta dirigida “a todos los que hoy brindarán con champán” y en la que les advierte que “jamás nos harán bajar la cabeza, nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismos”.
Tras conocerse el fallo, cientos de personas se congregaron en la Puerta del Sol para protestar contra la condena. Convocados por la Plataforma Solidaridad con Garzón, que incluye a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), familiares de víctimas del franquismo, artistas y escritores, coreaban lemas como: “Tribunal Supremo, suprema impunidad”, “Basta ya de mafia judicial”, “Los crímenes del franquismo no prescriben”. También todos los partidos políticos —con la excepción del gobernante Partido Popular—, así como sindicatos y grupos defensoras de derechos humanos mostraron su inconformidad.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, respetó la sentencia y no hizo ninguna valoración. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que era un día “muy alegre para la democracia y no muy triste”. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, dijo que respeta todas las sentencias “pero algunas me entristecen”. El abogado José Antonio Choclán, que representa al considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, dijo que la sentencia del Tribunal “coloca las cosas en su sitio”.
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