El senador de Estados Unidos John McCain rechazó este domingo las declaraciones de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien afirmó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados es utilizado como "mulas" de los narcotraficantes para introducir drogas al país.
En el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, el senador republicano por Arizona respondió con un simple "no" a la pregunta de si opina lo mismo que la gobernadora de su estado.
No obstante, recalcó que Brewer está haciendo un "buen trabajo" para su estado y tiene razón cuando advierte de la cada vez mayor influencia de los carteles de la droga en la región fronteriza.
"Creo que hay un gran número (de indocumentados que trafican con droga) y creo que ella tiene razón cuando afirma que el movimiento de los carteles de la droga ha aumentado dramáticamente", señaló.
"Puedo no estar de acuerdo con una frase que usó, pero está defendiendo los intereses de Arizona y creo que mis conciudadanos se merecen un ambiente de seguridad mejor que el que les proporciona el Gobierno federal ahora mismo", afirmó McCain.
El viernes Brewer afirmó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados es utilizado como "mulas" de los narcotraficantes para introducir drogas al país, atizando así el debate sobre la inmigración ilegal.
"Creo que bajo las circunstancias que afrontamos ahora, la mayoría de los intrusos ilegales que está viniendo a Arizona está bajo la dirección y el control de los carteles organizados de la droga y que está introduciendo las drogas", dijo.
Agregó que aunque muchos inmigrantes indocumentados llegan a EU en busca de trabajo, los narcotraficantes los presionan para que les sirvan de "mulas" o contrabandistas.
T.J. Bonner, presidente del sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, contradijo los argumentos de Brewer al señalar que el tráfico de drogas acarrea mayores penas que el cruce ilegal hacia EU, y son "muy pocos" los indocumentados que, en busca de empleo en este país, quieran tomar ese riesgo.
Las declaraciones de Brewer, rechazadas enérgicamente por grupos proinmigrantes, se producen en unos momentos en que el Gobierno del presidente Barack Obama prevé presentar, la próxima semana, una demanda para impugnar la ley SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en Arizona.
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