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Para el próximo martes está anunciado un paro nacional de estudiantes universitarios, al que se sumaron los profesores.
Miles de personas participaron el domingo de una marcha pacífica para exigir cambios sustanciales al modelo educacional chileno, en un acto autorizado por el gobierno.
Desde el mediodía estudiantes secundarios y familias con hijos menores comenzaron a reunirse en la Plaza Italia, habitual sitio de reuniones de Santiago, y comenzaron a caminar por calles interiores hacia un parque céntrico alejado del palacio presidencial.
Por el camino se sumaron centenares de familias que se unieron a otras que esperaban en el lugar de reunión, el Parque Almagro, donde cerró la marcha con un acto cultural.
La dirigente de los secundarios, Paloma Muñoz, dijo que "se ha hecho un trabajo espectacular para tener esta convocatoria tan masiva, le damos una muestra clara al gobierno de lo que es la unidad social, la unidad nacional".
Los secundarios y universitarios iniciaron el tercer mes de protestas para exigir una mejoría en la calidad de la educación, el retorno de la administración de los colegios al Estado, la enseñanza gratuita y el fin del lucro en las universidades privadas.
Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) difundida el jueves reveló que 80% de la ciudadanía respalda el movimiento estudiantil. El presidente Sebastián Piñera enfrenta la intensa presión estudiantil, a la que se sumó el gremio de los profesores, en momentos en que su popularidad bajó al 26%.
Para el próximo martes está anunciado un paro nacional de universitarios, al que se sumaron los profesores. Habrá otra huelga de trabajadores el 24 y 25 de agosto.
El gobierno entregó una semana atrás un paquete de 21 medidas que responde a varias exigencias de los estudiantes. Los estudiantes se tomaron cinco días para analizarla pero prosiguieron con las protestas.
El jueves, miles de estudiantes intentaron congregarse sin éxito en la Plaza Italia, desafiando una prohibición del gobierno. Ante la insistencia de los jóvenes, los policías montados a caballo, motocicletas y vehículos utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en una acción represiva que no se veía desde la dictadura militar (1973-1990).
Los enfrentamientos se prolongaron por horas en distintas arterias de Santiago y concluyeron con cerca de 1.000 estudiantes detenidos y un centenar de policías heridos. Los choques se repitieron en una decena de ciudades del interior.
El gobierno logró su objetivo de que los estudiantes no marcharan por la principal arteria capitalina "para no generar situaciones de ingobernabilidad e inseguridad a los ciudadanos", según dijo el vocero oficial, ministro Andrés Chadwick.
La violenta jornada concluyó por la noche con estruendosos "cacerolazos" convocados ese mismo día por la vocera de los universitarios, Camila Vallejos.
La violenta represión preocupó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó al Estado chileno a tomar medidas para "asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación".
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