sábado, 24 de julio de 2010

Beijing estudia limitar uso de la pena de muerte como castigo


Televisa
BEIJING, China, jul 24, 2010.- El Gobierno chino estudia revisar las condenas a muerte como castigo criminal y limitar los supuestos en los que se aplica la pena capital, indicó hoy el periódico oficial "China Daily", que no ofreció más detalles sobre los posibles cambios.

El diario cita una fuente anónima del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), órgano en el que presuntamente se debatirá la revisión a partir del mes de agosto.
Según otro periódico, el "Southern Daily", con base en la ciudad meridional de Cantón, uno de los objetivos de revisión es recortar la edad máxima de los condenados.

Hasta la fecha, la Ley Criminal no especifica ningún límite por cuestiones de edad para ser sentenciado a muerte, pero los legisladores se plantean acotar la pena capital hasta los 68 años.

Aunque no hay cifras oficiales publicadas por tratarse de un secreto de Estado, China está considerado el país que más condenas a muerte dicta en el planeta, con más del 70 por ciento mundial (más de 1,700 en 2008, según Amnistía Internacional, aunque la ONG local Fundación Dui Hua cifra el número en más de 5 mil).

La sentencia capital puede aplicarse por 68 delitos distintos, 44 de los cuales no implican violencia.
La mayoría de los ejecutados en el país asiático son hallados culpables de asesinato, robo o tráfico de drogas, aunque otros delitos, como la aceptación de sobornos, también pueden conllevar la muerte.

En los últimos años, China ha restringido la aplicación de la pena de muerte con varias medidas de supervisión.
El 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo recuperó la función de revisar las penas de muerte dictadas por cortes menores, una medida considerada como una de las más importantes reformas introducidas en el sistema judicial chino.

Con esa reforma, la sentencia a muerte dictada por un tribunal intermedio debe ser ratificada en otro juicio desarrollado en altos tribunales provinciales, de donde, de ser confirmadas, pasan al Tribunal Supremo para su revisión final.

Gracias a la reforma el descenso, según diversas fuentes, puede estar alrededor del 20 por ciento.

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