El gobierno del presidente Álvaro Colom condecoró hoy al magistrado español Carlos Castresana con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz, por su contribución al combate de la impunidad en Guatemala, informó una fuente diplomática.
La Cancillería dijo en un comunicado que la condecoración de Castresana, quien dirigió desde 2007 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la realizó el presidente Colom en esas instalaciones, en una ceremonia no anunciada con anticipación.
El magistrado español renunció al cargo el pasado 7 de junio por falta de apoyo del Estado para combatir la impunidad, y en su lugar la ONU ha nombrado al fiscal general costarricense, Francisco Dall'Anesse, quien llegará en los próximos días a Guatemala.
Colom destacó que Castresana deja en Guatemala una institución que "seguirá haciendo historia en el país".
El jefe de Estado agradeció al magistrado español, en nombre de su Gobierno y del pueblo guatemalteco, el trabajo que realizó en el país en el combate a los grupos clandestinos de seguridad.
Uno de los casos que resolvió Castresana es el asesinato, el 10 de mayo de 2009, del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, en cuyo hecho se implicó inicialmente a Colom y a su esposa, Sandra Torres, entre otros.
La Cicig logró la captura de once personas involucradas en el crimen y nueve de ellas fueron condenadas la semana pasada a cumplir 38 años de prisión.
Castresana, dijo la Cancillería, agradeció el reconocimiento y lo compartió con todos los colaboradores de la Cicig.
El todavía jefe interino de la Cicig señaló que, pese a las dificultades, se logró realizar un trabajo acorde al mandato de la Comisión y logró el apoyo de los organismos públicos y privados para luchar contra los cuerpos clandestinos de seguridad.
A la condecoración del magistrado español fueron invitados miembros del cuerpo diplomático y delegados de organismos internacional.
La Cicig fue creada mediante un acuerdo firmado entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 2006, y el mismo fue ratificado por el Congreso de Guatemala en agosto de 2007.
La misión de este organismo es investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
Además, debe colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
Asimismo, tiene que hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
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