Río de Janeiro.- Un tribunal internacional de los derechos humanos falló que Brasil debe permitir el encausamiento de los abusos cometidos durante su dictadura militar pese a la ley de amnistía que impide los castigos de las acciones acaecidas en ese periodo.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el martes que el gobierno brasileño es responsable de la desaparición intencional de 62 presuntos insurgentes izquierdistas de la Guerrilla Araguaia.
El movimiento, nacido cuando los comunistas intentaron reclutar miembros en una remota zona amazónica a fines de la década de 1960, fue aplastado en operaciones militares entre 1972 y 1975. Algunos residentes fueron torturados y 62 desaparecieron.
La ley brasileña de amnistía, aprobada en 1979, protegió a los agentes gubernamentales e insurgentes izquierdistas que cometieron infracciones durante la dictadura militar de 1964-1985.
El tribunal, con sede en Costa Rica, dijo que la ley es incompatible con el compromiso brasileño al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según la corte, la ley de amnistía "impide la investigación y castigo de las graves violaciones de los derechos humanos" y "no puede seguir siendo un obstáculo en la investigación del caso presente", en referencia a la Guerrilla Araguaia.
El gobierno brasileño debe investigar, encausar y castigar a los responsables del caso Araguaia, localizar y encontrar los cadáveres de los desaparecidos y compensar a los familiares, concluyó la corte.
Además, las autoridades deberían publicar los archivos sobre la Araguaia, y la información sobre otros casos de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.
El director del Secretariado Nacional de los Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vannuchi, no pudo ser contactado el miércoles para que formulara comentarios.
La noticia fue bien recibida por los partidarios de las víctimas.
"Espero que este cambio sea un instrumento de cambio", dijo Beatriz Affonso, directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. "El estado brasileño tiene el deber de cumplir" el fallo como signatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A principios de semana, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva pidió al ministro de Defensa, Nelson Jobim, una actualización sobre la búsqueda de los cadáveres de los desaparecidos en Araguaia. El ejército sigue negándose a precisar el lugar.
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