Lima.- Un informe de la embajada estadunidense en Lima, divulgado por WikiLeaks y los periódicos El País y Le Monde, el cual involucra a altos mandos militares peruanos con el narcotráfico, generó ayer una tormenta política en Perú y obligó al ejército a rechazar las acusaciones.
El informe, enviado en 2009 por el ex embajador Michael Mckinley, ahora en Bogotá, acusa al jefe del ejército peruano, general Paul da Silva, de haberse reunido con un empresario pesquero antes de que éste último fuera detenido en 2007 por tratar de sacar del país 840 kilos de cocaína en un embarque de pescado congelado.
Se añade que “altos mandos militares reciben lucrativos pagos de los traficantes de drogas que operan en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)”, la mayor zona cocalera de Perú (sudeste).
“Diversos analistas sostuvieron que los militares se niegan a ejecutar un plan serio para pacificar el VRAE, debido a que los sobornos de los narcotraficantes son muy rentables”, dijo Mckinley y aseguró que la red de corrupción que creó Vladimiro Montesinos la década pasada, cuando era el todopoderoso asesor del por entonces presidente Alberto Fujimori, sigue funcionando.
En respuesta, Paul da Silva calificó de “cable de la infamia” el informe que busca, dijo, “dañar el honor de las instituciones armadas (…) pero no lo van a lograr”. Adelantó que podría entablar una demanda penal contra McKinley, a quien acusó de “irresponsable”.
A la vez, el ministro de Defensa, Jaime Thorne, dijo que no hay evidencia de que en el ejército sobreviva tal “red de corrupción” implantada por Montesinos, condenado a 25 años de cárcel.
“No tengo ninguna evidencia de ello”, dijo pero se comprometió a tomar “las acciones más drásticas” en caso de existir algún nexo entre oficiales del ejército y el narco.
Thorne dijo que Da Silva seguirá en el cargo de Comandante General del Ejército, ya que las denuncias filtradas no son concretas.
Según EU, la amenaza de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso sobre Perú “se ha limitado pero no eliminado” y su violento rebrote, su asociación con el narco y la retórica antiyanqui de sus propagandistas “intranquiliza” a EU, cuya embajada colabora con los servicios de inteligencia y apremia la ayuda militar para impedir que Sendero cree una zona liberada en áreas sin apenas presencia del Estado, como ocurrió a fines de 1990 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En tanto, Mark Stephens, el abogado británico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo ayer que “un gran jurado fue formado en secreto” en Alexandria (Washington) para examinar los cargos contra su cliente, preso en Londres desde el 7 de diciembre por dos acusaciones de abuso sexual en Suecia, país que reclama su extradición.
En declaraciones a la cadena Al Jazeera, Stephens dijo que según las autoridades suecas “un gran jurado fue formado en secreto en Alexandria” para definir las acusaciones contra Assange. Si esto es cierto, añadió, una inculpación podría ser inminente.
En la ciudad de Berkeley, conocida por sus protestas antiguerra, el consejo municipal podría coronar “héroe” al soldado de 22 años, Bradley Manning, principal sospechoso de haber entregado a WikiLeaks cientos de miles de documentos militares y diplomáticos secretos.
“Hacer sonar el silbato por crímenes de guerra no es un crimen”, dice la resolución de la Comisión de Paz y Justicia, cuando Manning enfrenta en EU una pena de hasta 50 años de prisión.
Y en otra muestra de solidaridad con WikiLeaks, en víspera de la segunda vista en el proceso de extradición a Suecia de Assange que tendrá lugar hoy, unas 600 mil personas firmaron ya una petición internacional en internet lanzada por Avaaz.org, asociación que promueve el ciberactivismo, donde se exhorta a EU y otros gobiernos y empresas a “que pongan fin de manera inmediata al asalto contra WikiLeaks y otros sitios afines”.
En otras revelaciones conocidas ayer se supo que el gobierno de la ex presidente chilena Michelle Bachete pidió a EU apoyo de “inteligencia” para dar seguimiento a los indios mapuche.
También Bachelet
- Revelaciones divulgadas ayer de despachos diplomáticos de EU, muestran que Chile investigó los eventuales contactos de los indios mapuches con el grupo armado ETA y con las FARC.
- Un despacho de la embajada de EU en Santiago, en febrero de 2008, relata un encuentro entre el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el entonces embajador Paul Simmons.
- En la reunión, el ministro de la presidenta Michelle Bachelet pidió ayuda de inteligencia “ante la radicalización” de los mapuches.
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