ZAMBOANGA, Filipinas, dic 5, 2009.- La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, declaró hoy la ley marcial en Maguindanao para desbaratar la rebelión urdida por el clan que mandó asesinar a 57 personas la semana pasada en esta provincia del sur del país.
De forma simultánea, las tropas detuvieron al poderoso patriarca del clan familiar, Datu Andal Ampatuan, a uno de sus hijos y actual gobernador de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, Zaldi Ampatuan, así como a dos de sus hermanos y a cinco guardaespaldas implicados en la matanza cometida el pasado 23 de noviembre en su feudo de Maguindanao.
Macapagal Arroyo, por primera vez desde que Filipinas recuperó la democracia en 1986 tras la dictadura de Ferdinand Marcos, también suspendió las libertades civiles, indicó en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Eduardo Ermita.
La declaración de la ley marcial cede al Ejército el control pleno de esta provincia en la que regía el estado de excepción decretado también por la presidenta a raíz de la matanza, y que entre otras facultades, autoriza a las tropas a efectuar detenciones e inspecciones sin necesidad de un mandamiento judicial.
"Estamos en la capital de la provincia para anunciar la proclamación de la ley marcial. El Ejército asume el control de la capital y de todos sus municipios", dijo el jefe de la comandancia militar regional, teniente general Raimundo Ferrer.
La Constitución permite a la jefa del Estado mantener en vigor la ley marcial durante sesenta días, si el Congreso no decide anularla antes de que expire el plazo, o bien, prolongarla.
La cesión del control de esta provincia al Ejército, fue adoptada después de que el Gobierno recibiera información de que el clan de los Ampatuan preparaba a su milicia para una rebelión en venganza por la detención de varios de sus destacados miembros.
El teniente general Ferrer, quien por ser el jefe militar de mayor rango asumió temporalmente el mando de la administración provincial, apuntó que el objetivo es detener a los responsables y autores de la matanza e inspeccionar casas y otros sitios en los hayan ocultado armas.
"Estamos buscando a un centenar de hombres implicados en ese crimen y a quienes ya hemos detenido son los jefes que forman parte de la conspiración", destacó el alto mando militar.
El clan Ampatuan, aliado político del Gobierno central encabezado por la presidenta Macapagal Arroyo, rige una extensa área del sur de la isla de Mindanao mediante los cargos oficiales que sus miembros ocupan y con la ayuda de su milicia armada.
A primeras horas de la mañana y después de que se anunciara la entrada en vigor de la ley marcial, el patriarca de los Ampatuan, su hijo el gobernador de la Región, dos hermanos de éste y los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.
"Podemos tenerles a los nueve detenidos durante tres días y preparar entretanto las acusaciones formales", dijo la ministra de Justicia, Agnes Devanadera.
Ya detenido, el patriarca del clan y hasta hace poco gobernador de Maguindanao, puesto que asumió por vez primera en 2001 con la llegada de Macapagal Arroyo al poder, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a un hospital de la ciudad de Davao aquejado de hipertensión.
El portavoz de la comandancia militar de la región, Randolph Cabangbang, indicó que decenas de efectivos mantenían rodeado el centro hospitalario para prevenir cualquier intento de fuga del detenido o una acción de rescate por parte de sus cerca de 400 milicianos armados.
Ermita anunció que ley marcial suspende el privilegio del "habeas corpus" en la provincia, excepto en aquellas áreas de Mindanao bajo el control de la guerrilla separatista Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI).
Por su parte, el jefe de Policía al cargo de las investigaciones, Felicisimo Khu, señaló que además de los miembros del clan, también fueron detenidos varios destacados funcionarios provinciales ligados a los intereses de la familia Amputuan.
Estas detenciones siguieron a la del alcalde de Datu Unsay (Maguindanao), Andal Ampatuan, hijo también del patriarca y quien se entregó a las autoridades el pasado 26 de noviembre después de que testigos le acusaran de haber liderado al centenar de hombres que cometieron la matanza a plena luz del día y con el apoyo de varios oficiales de la Policía.
También las detenciones y la entrada en vigor de la ley marcial siguen al hallazgo el viernes en terrenos de la familia Ampatuan de varios depósitos de armas de guerra, tres tanquetas militares y munición de todos los calibres, la mayor parte material del arsenal del Ministerio de Defensa suministrado ilegalmente por unidades del Ejército y la Policía filipina.
El pasado 23 de noviembre, un centenar de pistoleros comandados por Andal Ampatuan, secuestró a unos 60 civiles cuando se dirigían a formalizar la candidatura a gobernador de Maguindanao de Ismail Mangudadatu, enemigo acérrimo de los Ampatuan.
Los militares descubrieron posteriormente varias fosas comunes con un total de 57 cadáveres, 30 de ellos periodistas de medios locales, y entre los cuerpos se encontraban algunos mutilados, decapitados, y en los casos de los de mujeres, con señales de que fueron violadas antes de ser asesinadas.
El hijo del gobernador se entregó el pasado 26 de noviembre a la Policía y la semana pasada fue acusado de los asesinatos cuando los fiscales recabaron los testimonios de al menos diez personas le identificaron como el jefe de la banda que perpetró la matanza.
La poderosa familia Ampatuan insiste en su inocencia, mientras el Ejército intenta evitar que no se produzca un estallido de violencia si los tribunales procesan a los cabecillas del clan.
De forma simultánea, las tropas detuvieron al poderoso patriarca del clan familiar, Datu Andal Ampatuan, a uno de sus hijos y actual gobernador de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, Zaldi Ampatuan, así como a dos de sus hermanos y a cinco guardaespaldas implicados en la matanza cometida el pasado 23 de noviembre en su feudo de Maguindanao.
Macapagal Arroyo, por primera vez desde que Filipinas recuperó la democracia en 1986 tras la dictadura de Ferdinand Marcos, también suspendió las libertades civiles, indicó en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Eduardo Ermita.
La declaración de la ley marcial cede al Ejército el control pleno de esta provincia en la que regía el estado de excepción decretado también por la presidenta a raíz de la matanza, y que entre otras facultades, autoriza a las tropas a efectuar detenciones e inspecciones sin necesidad de un mandamiento judicial.
"Estamos en la capital de la provincia para anunciar la proclamación de la ley marcial. El Ejército asume el control de la capital y de todos sus municipios", dijo el jefe de la comandancia militar regional, teniente general Raimundo Ferrer.
La Constitución permite a la jefa del Estado mantener en vigor la ley marcial durante sesenta días, si el Congreso no decide anularla antes de que expire el plazo, o bien, prolongarla.
La cesión del control de esta provincia al Ejército, fue adoptada después de que el Gobierno recibiera información de que el clan de los Ampatuan preparaba a su milicia para una rebelión en venganza por la detención de varios de sus destacados miembros.
El teniente general Ferrer, quien por ser el jefe militar de mayor rango asumió temporalmente el mando de la administración provincial, apuntó que el objetivo es detener a los responsables y autores de la matanza e inspeccionar casas y otros sitios en los hayan ocultado armas.
"Estamos buscando a un centenar de hombres implicados en ese crimen y a quienes ya hemos detenido son los jefes que forman parte de la conspiración", destacó el alto mando militar.
El clan Ampatuan, aliado político del Gobierno central encabezado por la presidenta Macapagal Arroyo, rige una extensa área del sur de la isla de Mindanao mediante los cargos oficiales que sus miembros ocupan y con la ayuda de su milicia armada.
A primeras horas de la mañana y después de que se anunciara la entrada en vigor de la ley marcial, el patriarca de los Ampatuan, su hijo el gobernador de la Región, dos hermanos de éste y los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.
"Podemos tenerles a los nueve detenidos durante tres días y preparar entretanto las acusaciones formales", dijo la ministra de Justicia, Agnes Devanadera.
Ya detenido, el patriarca del clan y hasta hace poco gobernador de Maguindanao, puesto que asumió por vez primera en 2001 con la llegada de Macapagal Arroyo al poder, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a un hospital de la ciudad de Davao aquejado de hipertensión.
El portavoz de la comandancia militar de la región, Randolph Cabangbang, indicó que decenas de efectivos mantenían rodeado el centro hospitalario para prevenir cualquier intento de fuga del detenido o una acción de rescate por parte de sus cerca de 400 milicianos armados.
Ermita anunció que ley marcial suspende el privilegio del "habeas corpus" en la provincia, excepto en aquellas áreas de Mindanao bajo el control de la guerrilla separatista Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI).
Por su parte, el jefe de Policía al cargo de las investigaciones, Felicisimo Khu, señaló que además de los miembros del clan, también fueron detenidos varios destacados funcionarios provinciales ligados a los intereses de la familia Amputuan.
Estas detenciones siguieron a la del alcalde de Datu Unsay (Maguindanao), Andal Ampatuan, hijo también del patriarca y quien se entregó a las autoridades el pasado 26 de noviembre después de que testigos le acusaran de haber liderado al centenar de hombres que cometieron la matanza a plena luz del día y con el apoyo de varios oficiales de la Policía.
También las detenciones y la entrada en vigor de la ley marcial siguen al hallazgo el viernes en terrenos de la familia Ampatuan de varios depósitos de armas de guerra, tres tanquetas militares y munición de todos los calibres, la mayor parte material del arsenal del Ministerio de Defensa suministrado ilegalmente por unidades del Ejército y la Policía filipina.
El pasado 23 de noviembre, un centenar de pistoleros comandados por Andal Ampatuan, secuestró a unos 60 civiles cuando se dirigían a formalizar la candidatura a gobernador de Maguindanao de Ismail Mangudadatu, enemigo acérrimo de los Ampatuan.
Los militares descubrieron posteriormente varias fosas comunes con un total de 57 cadáveres, 30 de ellos periodistas de medios locales, y entre los cuerpos se encontraban algunos mutilados, decapitados, y en los casos de los de mujeres, con señales de que fueron violadas antes de ser asesinadas.
El hijo del gobernador se entregó el pasado 26 de noviembre a la Policía y la semana pasada fue acusado de los asesinatos cuando los fiscales recabaron los testimonios de al menos diez personas le identificaron como el jefe de la banda que perpetró la matanza.
La poderosa familia Ampatuan insiste en su inocencia, mientras el Ejército intenta evitar que no se produzca un estallido de violencia si los tribunales procesan a los cabecillas del clan.
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