EFE
WASHINGTON, Estados Unidos, jul. 1, 2009.- El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, afirmó hoy que regresará a su país tras el ultimátum de 72 horas impuesto por la OEA para su restitución y dijo que si los militares "quieren ejecutarme o asesinarme, pues que el pueblo los juzgue".
"Voy a regresar a Honduras, yo soy el presidente", dijo Zelaya al concluir una rueda de prensa organizada tras el 37 período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya explicó que esperará a que venza el ultimátum de 72 horas para "continuar con este proceso" y para no entorpecer los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis, aunque no precisó fecha.
Horas antes, el depuesto presidente había indicado que regresaría a Honduras en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Zelaya tiene previsto viajar a la toma de posesión hoy del presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, y continuar apoyando las gestiones de la OEA.
Tras casi doce horas de reunión entre los embajadores y cancilleres, la Asamblea General adoptó una resolución de cinco puntos que condena "enérgicamente" el golpe del domingo pasado, exige la restitución "inmediata, segura e incondicional" de Zelaya -que reconoce como único presidente constitucional - y rechaza al Gobierno formado por el nuevo presidente, Roberto Micheletti.
Además, fija un plazo de 72 horas para que el Gobierno de Micheletti acate la resolución o, de lo contrario, la OEA procederá a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras del foro regional.
Esa suspensión, que sería la primera desde la de Cuba en 1962, supondría el aislamiento diplomático del nuevo Gobierno, que además no tendría acceso a créditos de las instituciones financieras internacionales.
La resolución también pide que el secretario general de la OEA inicie las gestiones diplomáticas para "restaurar la democracia y el Estado de Derecho, y la restitución" de Zelaya.
Por último, prorroga el 37 período extraordinario hasta el próximo 6 de julio.
Al dirigirse a los asistentes al encuentro, Zelaya describió de nuevo cómo los militares irrumpieron en su casa para secuestrarlo, a punta de pistola, y expulsarlo del país.
El golpe de Estado, dijo, es una "gran tragedia" y un "cruento, grosero retroceso para América".
Durante la sesión y en la rueda de prensa, Insulza respaldó públicamente y sin equívocos a Zelaya y afirmó que "no será a Honduras al que suspendamos, sino a los usurpadores".
Sin embargo, contrario a lo que prácticamente se daba como un hecho, Insulza no aclaró si finalmente viajará a Honduras el próximo jueves para iniciar los contactos diplomáticos o si los hará por vía telefónica.
Insulza reiteró que, en todo caso, su tarea no será "negociar" con el nuevo Gobierno, sino ejercer presión para lograr la restitución de Zelaya.
Preguntado por Efe sobre las acusaciones del nuevo Gobierno sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Zelaya negó cualquier vinculación con el tráfico de drogas y las calificó de "mentiras de los usurpadores" del poder.
"Si esta gente es capaz de romper la Constitución...que no podrá hacer para justificarse", manifestó Zelaya.
Insulza lo secundó. "Seamos serios, hay un problema de falta de credibilidad", dijo, antes de recordar que la presunta carta de renuncia de Zelaya había sido falsificada.
Por otra parte, Zelaya dejó entrever que no desistirá de la idea de convocar una consulta popular para una eventual reforma constitucional que le permita la reelección a un segundo mandato de cuatro años.
La consulta popular fue lo que disparó la crisis del golpe, apoyado por sectores políticos que se oponían por temor de que Zelaya buscase perpetuarse en el poder.
La consulta "es una opción jurídica y legal del pueblo...es un proceso jurídico apoyado en Constitución y es un derecho ciudadano", enfatizó Zelaya.
Preguntado sobre qué hará con los golpistas si regresa al poder, Zelaya dijo que en su país existe un sistema jurídico y "el presidente no es juez".
"Voy a regresar a Honduras, yo soy el presidente", dijo Zelaya al concluir una rueda de prensa organizada tras el 37 período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya explicó que esperará a que venza el ultimátum de 72 horas para "continuar con este proceso" y para no entorpecer los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis, aunque no precisó fecha.
Horas antes, el depuesto presidente había indicado que regresaría a Honduras en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Zelaya tiene previsto viajar a la toma de posesión hoy del presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, y continuar apoyando las gestiones de la OEA.
Tras casi doce horas de reunión entre los embajadores y cancilleres, la Asamblea General adoptó una resolución de cinco puntos que condena "enérgicamente" el golpe del domingo pasado, exige la restitución "inmediata, segura e incondicional" de Zelaya -que reconoce como único presidente constitucional - y rechaza al Gobierno formado por el nuevo presidente, Roberto Micheletti.
Además, fija un plazo de 72 horas para que el Gobierno de Micheletti acate la resolución o, de lo contrario, la OEA procederá a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras del foro regional.
Esa suspensión, que sería la primera desde la de Cuba en 1962, supondría el aislamiento diplomático del nuevo Gobierno, que además no tendría acceso a créditos de las instituciones financieras internacionales.
La resolución también pide que el secretario general de la OEA inicie las gestiones diplomáticas para "restaurar la democracia y el Estado de Derecho, y la restitución" de Zelaya.
Por último, prorroga el 37 período extraordinario hasta el próximo 6 de julio.
Al dirigirse a los asistentes al encuentro, Zelaya describió de nuevo cómo los militares irrumpieron en su casa para secuestrarlo, a punta de pistola, y expulsarlo del país.
El golpe de Estado, dijo, es una "gran tragedia" y un "cruento, grosero retroceso para América".
Durante la sesión y en la rueda de prensa, Insulza respaldó públicamente y sin equívocos a Zelaya y afirmó que "no será a Honduras al que suspendamos, sino a los usurpadores".
Sin embargo, contrario a lo que prácticamente se daba como un hecho, Insulza no aclaró si finalmente viajará a Honduras el próximo jueves para iniciar los contactos diplomáticos o si los hará por vía telefónica.
Insulza reiteró que, en todo caso, su tarea no será "negociar" con el nuevo Gobierno, sino ejercer presión para lograr la restitución de Zelaya.
Preguntado por Efe sobre las acusaciones del nuevo Gobierno sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Zelaya negó cualquier vinculación con el tráfico de drogas y las calificó de "mentiras de los usurpadores" del poder.
"Si esta gente es capaz de romper la Constitución...que no podrá hacer para justificarse", manifestó Zelaya.
Insulza lo secundó. "Seamos serios, hay un problema de falta de credibilidad", dijo, antes de recordar que la presunta carta de renuncia de Zelaya había sido falsificada.
Por otra parte, Zelaya dejó entrever que no desistirá de la idea de convocar una consulta popular para una eventual reforma constitucional que le permita la reelección a un segundo mandato de cuatro años.
La consulta popular fue lo que disparó la crisis del golpe, apoyado por sectores políticos que se oponían por temor de que Zelaya buscase perpetuarse en el poder.
La consulta "es una opción jurídica y legal del pueblo...es un proceso jurídico apoyado en Constitución y es un derecho ciudadano", enfatizó Zelaya.
Preguntado sobre qué hará con los golpistas si regresa al poder, Zelaya dijo que en su país existe un sistema jurídico y "el presidente no es juez".
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