TEGUCIGALPA, Honduras, sep. 27, 2009.- El Gobierno de facto de Honduras suspendió 45 días las garantías constitucionales según un decreto que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada ayer, sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno.
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de "mantener la paz y la seguridad interior" del país ante la "perturbación grave de la paz" ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresó al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
"Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros" de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, reza el texto.
También se prohíbe, agrega, "toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares".
Otra prohibición es "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), "a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones", indica el decreto.
Establece la detención de "toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes" y "aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos".
"Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos", agrega.
Se ordena, asimismo, "el desalojo de toda instalación pública que haya sido tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley".
El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, "poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones".
El decreto fue denunciado este domingo por Zelaya ante la prensa desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde el lunes anterior.
El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada ayer, sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno.
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de "mantener la paz y la seguridad interior" del país ante la "perturbación grave de la paz" ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresó al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
"Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros" de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, reza el texto.
También se prohíbe, agrega, "toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares".
Otra prohibición es "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), "a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones", indica el decreto.
Establece la detención de "toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes" y "aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos".
"Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos", agrega.
Se ordena, asimismo, "el desalojo de toda instalación pública que haya sido tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley".
El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, "poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones".
El decreto fue denunciado este domingo por Zelaya ante la prensa desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde el lunes anterior.
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