EL HERALDOChihuahua, Chihuahua.- El gobernador César Duarte Jáquez lamentó ayer el amparo promovido por el abogado de la Defensoría Pública del Estado, Joel Meneses Hernández, en contra de la sentencia de 50 años de prisión a Sergio Barraza Bocanegra y consideró como un acto de perversidad y vergüenza el que un litigante busque liberar a un asesino, lo cual se convierte en una burla a su propia persona.
"No quiere decir que un defensor de oficio esté en su función sacar asesinos de la cárcel. Es una perversión absolutamente equivocada de quienes con perversidad han hecho del ejercicio de la justicia un modus vivendi y una vergüenza para los chihuahuenses", enfatizó el mandatario estatal.
Agregó que este tema ya es revisado por la Fiscalía General del Estado por tratarse de un asunto donde hay hechos "lamentables y bochornosos", enfatizando que sin duda se aplicará de manera correcta la ley en este caso.
Lo anterior fue manifestado por el mandatario estatal a raíz de que el abogado de oficio, Meneses Hernández, solicitó de manera formal la protección de la autoridad federal para Barraza Bocanegra, persona sentenciada en mayo pasado por el homicidio de la joven Rubí Marisol Frayre.
Sin embargo esta solicitud fue presentada ocho días después de contar con una incapacidad laboral por parte de Pensiones Civiles del Estado, por lo cual obtuvo autorización para alejarse por completo de sus responsabilidades como funcionario del Ejecutivo estatal.
Con ello se avaló su inhabilitación para hacerse cargo de los casos que fueron asignados para su atención como defensor público de oficio: incluida la intercesión jurídica a favor de Barraza Bocanegra.
Al ser cuestionado sobre si esta situación se trata de una burla para el estado, ya que mientras un organismo médico estatal lo incapacita para dejar de trabajar, Meneses Hernández se dedicó a promover un juicio de amparo a favor de Sergio Barraza, prófugo de la justicia y relacionado como autor intelectual en el asesinato de la activista Marisela Escobedo, madre de la joven Rubí, ante lo cual el mandatario estatal contestó: "Es una burla para él mismo".
Indicó que la tarea del defensor de oficio no es sacar de la cárcel a los asesinos, enfatizando que se ha convertido en un modus vivendi para algunos abogados que con perversidad han sacado provecho de esta situación.
"No quisiera abordar terrenos que la Fiscalía General está revisando muy bien, hay ahí hechos lamentables y bochornosos en los que sin duda la aplicación de la ley se hará en rigor y de ninguna manera puede ser una burla, es una burla a él mismo", manifestó Duarte Jáquez.
Señaló que un defensor de oficio no significa que se constituya "a ultranza" en el defensor de un asesino, sino que la función de un defensor de oficio es garantizar un juicio justo, que cumpla con los términos que tiene garantizado el indiciado.
Sergio Barraza Bocanegra fue dejado en libertad en Ciudad Juárez por un tribunal de juicio oral en mayo del 2010, y huyó inmediatamente del estado.
Sin embargo, pocos días después fue sentenciado -en ausencia- en un juicio de casación (revocación), con lo cual se le condenó a 50 años de cárcel, aunque no estuvo presente para escuchar la sentencia en su contra.
"No quiere decir que un defensor de oficio esté en su función sacar asesinos de la cárcel. Es una perversión absolutamente equivocada de quienes con perversidad han hecho del ejercicio de la justicia un modus vivendi y una vergüenza para los chihuahuenses", enfatizó el mandatario estatal.
Agregó que este tema ya es revisado por la Fiscalía General del Estado por tratarse de un asunto donde hay hechos "lamentables y bochornosos", enfatizando que sin duda se aplicará de manera correcta la ley en este caso.
Lo anterior fue manifestado por el mandatario estatal a raíz de que el abogado de oficio, Meneses Hernández, solicitó de manera formal la protección de la autoridad federal para Barraza Bocanegra, persona sentenciada en mayo pasado por el homicidio de la joven Rubí Marisol Frayre.
Sin embargo esta solicitud fue presentada ocho días después de contar con una incapacidad laboral por parte de Pensiones Civiles del Estado, por lo cual obtuvo autorización para alejarse por completo de sus responsabilidades como funcionario del Ejecutivo estatal.
Con ello se avaló su inhabilitación para hacerse cargo de los casos que fueron asignados para su atención como defensor público de oficio: incluida la intercesión jurídica a favor de Barraza Bocanegra.
Al ser cuestionado sobre si esta situación se trata de una burla para el estado, ya que mientras un organismo médico estatal lo incapacita para dejar de trabajar, Meneses Hernández se dedicó a promover un juicio de amparo a favor de Sergio Barraza, prófugo de la justicia y relacionado como autor intelectual en el asesinato de la activista Marisela Escobedo, madre de la joven Rubí, ante lo cual el mandatario estatal contestó: "Es una burla para él mismo".
Indicó que la tarea del defensor de oficio no es sacar de la cárcel a los asesinos, enfatizando que se ha convertido en un modus vivendi para algunos abogados que con perversidad han sacado provecho de esta situación.
"No quisiera abordar terrenos que la Fiscalía General está revisando muy bien, hay ahí hechos lamentables y bochornosos en los que sin duda la aplicación de la ley se hará en rigor y de ninguna manera puede ser una burla, es una burla a él mismo", manifestó Duarte Jáquez.
Señaló que un defensor de oficio no significa que se constituya "a ultranza" en el defensor de un asesino, sino que la función de un defensor de oficio es garantizar un juicio justo, que cumpla con los términos que tiene garantizado el indiciado.
Sergio Barraza Bocanegra fue dejado en libertad en Ciudad Juárez por un tribunal de juicio oral en mayo del 2010, y huyó inmediatamente del estado.
Sin embargo, pocos días después fue sentenciado -en ausencia- en un juicio de casación (revocación), con lo cual se le condenó a 50 años de cárcel, aunque no estuvo presente para escuchar la sentencia en su contra.
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