DUBLÍN, Irlanda, mayo 26, 2009.- Los Hermanos Cristianos, la orden católica más denunciada en el informe sobre abusos a menores en Irlanda, aseguró este martes que acepta con "vergüenza" el dolor causado a las víctimas y lamentó la "inadecuada respuesta" ofrecida por la congregación "en los últimos años".
En un comunicado, los religiosos reconocen que tienen la "obligación moral" de reparar el daño infligido a los menores que tuvieron a su cargo en instituciones estatales y prometieron que "revisarán" los recursos disponibles para ayudar a los afectados.
No obstante, no mencionaron en la nota la posibilidad de volver a negociar con el Gobierno irlandés los términos de un ventajoso acuerdo firmado en 2002 y que les otorgó inmunidad a cambio de una cantidad de dinero que ahora se sabe que es insuficiente.
"Como congregación, reconocemos y aceptamos nuestra culpabilidad y nuestra obligación moral con los antiguos residentes, con las presentes y futuras generaciones de niños y con la sociedad en general", dice la misiva.
Descartado un incremento de la aportación económica acordada con el Gobierno, los Hermanos Cristianos proponen estudiar, a través de "consultas con ex residentes y el Gobierno", cómo pueden usar sus recursos "para compensar por los abusos del pasado e invertir en educación".
"Como congregación -insiste la nota-, queremos arreglar las cosas y suplicar que nos perdonen. Nuestro primer paso para ello será escuchar con una nueva perspectiva a los antiguos residentes, a sus familias a los grupos que los representan, un proceso que comenzará inmediatamente".
Las 18 órdenes católicas responsables del abuso de miles de menores en Irlanda ya han anunciado que incrementarán sus recursos, económicos incluidos, para asistir a las víctimas, pero recalcan que no renegociarán los términos del citado acuerdo de 2002, que fija el máximo de las indemnizaciones en 127 millones de euros.
Según la Conferencia de Religiosos de Irlanda (CORI), las congregaciones prefieren "tratar directamente" con los afectados y "usar todos sus poderes para canalizar cualquier ayuda directamente" a las víctimas.
El Gobierno irlandés ya ha admitido que carece de instrumentos legales para obligar a la Iglesia Católica a pagar más compensaciones a las víctimas, por lo que el resto del dinero destinado a los damnificados saldrá de las arcas del Estado que, hasta la fecha, ya ha contribuido con casi 800 millones de euros.
El acuerdo de 2002 ofrecía inmunidad a todos los miembros de órdenes religiosas denunciados por abusos a cambio de que las autoridades eclesiásticas transfiriesen al Estado, en metálico y en bienes inmuebles, una cantidad valorada en 127 millones de euros.
El trato lo cerró el entonces ministro de Educación, Michael Woods, un día antes de abandonar el cargo y convencido de que el total de las indemnizaciones no superaría los 300 millones de euros.
Después de la publicación el pasado miércoles del informe sobre abusos a menores cometidos durante casi 70 años en instituciones estatales, gestionadas en su mayoría por la Iglesia, se sabe ahora que no sólo hubo miles de víctimas, sino que la factura final podría alcanzar los 1.300 millones de euros.
La posición de las congregaciones contrasta con las del primado de la Iglesia irlandesa, el cardenal Seán Brady; del arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y del obispo de Killaloe, Willie Walsh, tres de la voces más críticas con los desmanes de los religiosos.
Los tres han abogado por la necesidad de renegociar el citado acuerdo y han pedido a las 18 congregaciones que contribuyan con más dinero.
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