UNIVERSAL.COMEn Washington, partidos muestran división en torno a sistema E-verify.
AUSTIN, Texas (Agencias).— Gracias al aval de los republicanos, el Senado de Texas aprobó ayer una iniciativa bajo la cual la policía estatal podría tener mayores facultades para pedirle a las personas que se detengan para verificar su estatus de ciudadanía, a pesar del enojo y emotivas expresiones de los demócratas, que la calificaron como una invitación abierta para acosar latinos.
La votación, con 19 a favor y 12 en contra, realizada poco después de medianoche y después de casi ocho horas de debate, envió la iniciativa a la Cámara de Representantes, donde se espera que una amplia mayoría republicana también la apruebe.
Muchas oficinas de seguridad de Texas disuaden a sus oficiales de retener a las personas detenidas por cualquier motivo, desde cuestiones relacionadas con el tráfico, hasta investigaciones criminales serias, para verificar si están legalmente en el país.
La medida impulsada por el gobernador republicano Rick Perry y legisladores de su partido prohíbe a las agencias y gobiernos locales adoptar ese tipo de políticas para sus oficiales y subalternos. Las dependencias que lo hagan recibirán menos subvenciones por parte del estado. Pero los demócratas expresaron su inconformidad. “Esta iniciativa es un abierto hostigamiento contra los latinos”, dijo el senador Mario Gallegos, demócrata por Houston.
“Este proyecto es el más racista, el que afecta más a los latinos y más antiinmigrante que he visto”, añadió.
A los críticos, incluyendo autoridades judiciales en Austin, El Paso, Fort Worth, Houston y San Antonio, les preocupa que las llamadas ciudades santuario sean utilizadas por policías deshonestos para acosar latinos y provocar la desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes.
En tanto, el movimiento Ciudadanos por una Mejor Arizona dijo haber recabado ocho mil 239 firmas, más de las siete mil 756 que exige la ley, para obligar a Russell Pearce, presidente del Senado estatal y autor de la SB1070, a renunciar a su escaño.
“Esto garantiza que habrá una nueva elección y, al paso que ellos van (las autoridades), es casi un hecho que la elección será en noviembre”, dijo Chad Snow, dirigente de la organización civil, constituida con el objetivo de forzar la salida de Pearce.
En Washington, republicanos y demócratas en la Cámara Baja se enfrentaron en un debate por la iniciativa Legal Workforce Act (Ley de Empleados Legales) que haría obligatoria la verificación electrónica del estatus legal de los trabajadores, algo que por ahora se hace voluntariamente.
Los demócratas aseguran que la propuesta no resuelve el problema y sí representaría un costo millonario a las microempresas para implementarlo.
Por otra parte, en Nueva York, el Programa de Asuntos del Inmigrante de la fiscalía del condado de Manhattan reveló haber recibido mil 934 llamadas de inmigrantes quejándose de todo tipo de fraudes —incluidos de vivienda y otros— desde diciembre de 2007.
La mitad de esas denuncias se relaciona con personas que se hicieron pasar por abogados o gente apta para lidiar con asuntos migratorios y que robaron cientos de dólares a inmigrantes que querían arreglar su situación migratoria. La cifra real sería mucho más alta, considerando a los que no denuncian.
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