UNIVERSALVen desorden en asignación de contratos privados.
WASHINGTON.— En la guerra que Estados Unidos libra en Latinoamérica contra el narcotráfico los multimillonarios recursos invertidos no sólo han carecido de una supervisión clara y transparente, sino que sólo han beneficiado a un puñado de empresas privadas estadounidenses, según un reporte divulgado ayer en el Congreso.
“Está cada vez más claro que han fracasado nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en América Latina, especialmente en lo que se refiere al uso de contratistas”, dijo la senadora demócrata por Missouri, Claire McCaskill, presidenta del subcomité para la supervisión de contratos gubernamentales del Comité de Seguridad Interna. “Sin una adecuada gestión y supervisión, estamos desperdiciando los dólares de los contribuyentes y tirándole dinero a un problema sin siquiera saber lo que conseguimos a cambio”, añadió McCaskill.
La investigación solicitada por la congresista revisó los contratos concedidos entre 2005 y 2009 para operaciones antinarcóticos en Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República Dominicana. Durante ese periodo, las autoridades aumentaron 32% la cantidad de fondos destinados a contratos, de 482 millones de dólares a 636 millones, aun sin contar con un sistema para evaluar el uso de los fondos.
Colombia fue el gran receptor de fondos del gobierno federal estadounidense, con al menos mil 900 millones de dólares, mientras que México ocupó un distante segundo lugar con al menos 170 millones de dólares durante ese periodo, que coincidió con el inicio de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda estadounidense a México valorado en mil 400 millones de dólares.
En el reporte de 13 páginas, McCaskill desvela que en la asignación de los fondos aprobados para la lucha antinarcóticos en el hemisferio, los grandes ganadores fueron DynCorp, Lockheed Martin, Raytheon, ITT y ARINC, que se repartieron el pastel presupuestario con contratos valorados en más de mil 800 millones de dólares.
Tan sólo en 2008, los contratistas se llevaron una tajada superior a los 700 millones de dólares. El contratista que mayor número de contratos obtuvo fue el gigante DynCorp, una empresa con presencia en todo el mundo. Según el informe difundido ayer, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado tienen un sistema o una base de datos centralizada capaz de rastrear los contratos para la lucha antinarcóticos.
En 2012, el subsecretario adjunto de la lucha contra el narcotráfico del Pentágono, William Weschler, reconoció que sus sistemas internos para ese rastreo “consumen mucho tiempo y son proclives a errores”.
El análisis del subcomité insiste en la falta de transparencia, una débil supervisión de los contratos y, a manera de ejemplo, menciona la concesión de fondos por unos 840 millones de dólares sin el debido proceso de licitación. Según el informe, en una ocasión el Departamento de Estado concedió unos 37 millones de dólares a una corporación de Alaska para gestionar un programa de servicios de alimentos en Bolivia. En otra, los responsables de gestionar los presupuestos asignados otorgaron otro contrato sin licitación, por dos mil 100 millones de dólares, a varios contratistas extranjeros para la adquisición de camionetas en Bolivia.
Tras el informe, McCaskill, también miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, dijo que recomendará mayores medidas para controlar estos fondos. (Con información de agencias)
WASHINGTON.— En la guerra que Estados Unidos libra en Latinoamérica contra el narcotráfico los multimillonarios recursos invertidos no sólo han carecido de una supervisión clara y transparente, sino que sólo han beneficiado a un puñado de empresas privadas estadounidenses, según un reporte divulgado ayer en el Congreso.
“Está cada vez más claro que han fracasado nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en América Latina, especialmente en lo que se refiere al uso de contratistas”, dijo la senadora demócrata por Missouri, Claire McCaskill, presidenta del subcomité para la supervisión de contratos gubernamentales del Comité de Seguridad Interna. “Sin una adecuada gestión y supervisión, estamos desperdiciando los dólares de los contribuyentes y tirándole dinero a un problema sin siquiera saber lo que conseguimos a cambio”, añadió McCaskill.
La investigación solicitada por la congresista revisó los contratos concedidos entre 2005 y 2009 para operaciones antinarcóticos en Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República Dominicana. Durante ese periodo, las autoridades aumentaron 32% la cantidad de fondos destinados a contratos, de 482 millones de dólares a 636 millones, aun sin contar con un sistema para evaluar el uso de los fondos.
Colombia fue el gran receptor de fondos del gobierno federal estadounidense, con al menos mil 900 millones de dólares, mientras que México ocupó un distante segundo lugar con al menos 170 millones de dólares durante ese periodo, que coincidió con el inicio de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda estadounidense a México valorado en mil 400 millones de dólares.
En el reporte de 13 páginas, McCaskill desvela que en la asignación de los fondos aprobados para la lucha antinarcóticos en el hemisferio, los grandes ganadores fueron DynCorp, Lockheed Martin, Raytheon, ITT y ARINC, que se repartieron el pastel presupuestario con contratos valorados en más de mil 800 millones de dólares.
Tan sólo en 2008, los contratistas se llevaron una tajada superior a los 700 millones de dólares. El contratista que mayor número de contratos obtuvo fue el gigante DynCorp, una empresa con presencia en todo el mundo. Según el informe difundido ayer, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado tienen un sistema o una base de datos centralizada capaz de rastrear los contratos para la lucha antinarcóticos.
En 2012, el subsecretario adjunto de la lucha contra el narcotráfico del Pentágono, William Weschler, reconoció que sus sistemas internos para ese rastreo “consumen mucho tiempo y son proclives a errores”.
El análisis del subcomité insiste en la falta de transparencia, una débil supervisión de los contratos y, a manera de ejemplo, menciona la concesión de fondos por unos 840 millones de dólares sin el debido proceso de licitación. Según el informe, en una ocasión el Departamento de Estado concedió unos 37 millones de dólares a una corporación de Alaska para gestionar un programa de servicios de alimentos en Bolivia. En otra, los responsables de gestionar los presupuestos asignados otorgaron otro contrato sin licitación, por dos mil 100 millones de dólares, a varios contratistas extranjeros para la adquisición de camionetas en Bolivia.
Tras el informe, McCaskill, también miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, dijo que recomendará mayores medidas para controlar estos fondos. (Con información de agencias)
No hay comentarios:
Publicar un comentario