EL PUEBLOWashington.- La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió hoy ignorar la demanda contra una ley de California que otorga a estudiantes indocumentados las mismas tarifas de colegiaturas universitarias que a residentes legales o ciudadanos estadunidenses.
La legislación de California permitió desde 2001 que cualquier estudiante que cursara tres años de preparatoria tendría derecho, independientemente de su situación migratoria o si era oriundo del estado, al pago de colegiatura similar a la de residentes de la entidad.
Pero una organización conservadora buscó declarar a la ley inconstitucional bajo el argumento de que el “trato preferencial” a los estudiantes indocumentados era violatorio de la ley federal de migración.
En su decisión de desestimar la demanda, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no dieron una explicación de su determinación.
Antes de que el caso llegara al máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de California consideró que la ley era constitucional, toda vez que el factor que determinaba la elegibilidad a las tarifas de colegiaturas era la asistencia a la preparatoria y no la situación migratoria.
Con la decisión del máximo tribunal de no considerar la apelación, la ley de California se mantiene como constitucional.
El caso surge en momentos que los demócratas buscan revivir la llamada Ley del Sueño Americano (Dream Act) que busca legalizar a más de dos millones de estudiantes indocumentados, aunque se estima que sólo unos 800 mil cumplirían los requisitos.
La propuesta de la ley Dream Act busca beneficiar a los jóvenes que llegaron al país antes de los 15 años de edad, menores de 29 años y residido en el país cinco años continuos desde 2005.
Asimismo debían haber terminado la secundaria o su equivalencia y completar exitosamente dos años de universidad o de servicio militar.
Pero los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, han descartado someter a voto una propuesta antes de las elecciones de noviembre de 2012.
Sin embargo los demócratas exploran la posibilidad de negociar un paquete que incluya la ley y el plan republicano para hacer obligartorio un programa nacional de verificación laboral “E-Verify”.
La legislación de California permitió desde 2001 que cualquier estudiante que cursara tres años de preparatoria tendría derecho, independientemente de su situación migratoria o si era oriundo del estado, al pago de colegiatura similar a la de residentes de la entidad.
Pero una organización conservadora buscó declarar a la ley inconstitucional bajo el argumento de que el “trato preferencial” a los estudiantes indocumentados era violatorio de la ley federal de migración.
En su decisión de desestimar la demanda, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no dieron una explicación de su determinación.
Antes de que el caso llegara al máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de California consideró que la ley era constitucional, toda vez que el factor que determinaba la elegibilidad a las tarifas de colegiaturas era la asistencia a la preparatoria y no la situación migratoria.
Con la decisión del máximo tribunal de no considerar la apelación, la ley de California se mantiene como constitucional.
El caso surge en momentos que los demócratas buscan revivir la llamada Ley del Sueño Americano (Dream Act) que busca legalizar a más de dos millones de estudiantes indocumentados, aunque se estima que sólo unos 800 mil cumplirían los requisitos.
La propuesta de la ley Dream Act busca beneficiar a los jóvenes que llegaron al país antes de los 15 años de edad, menores de 29 años y residido en el país cinco años continuos desde 2005.
Asimismo debían haber terminado la secundaria o su equivalencia y completar exitosamente dos años de universidad o de servicio militar.
Pero los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, han descartado someter a voto una propuesta antes de las elecciones de noviembre de 2012.
Sin embargo los demócratas exploran la posibilidad de negociar un paquete que incluya la ley y el plan republicano para hacer obligartorio un programa nacional de verificación laboral “E-Verify”.
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