DIARIO.COMAtlanta— Un juez federal concedió ayer la solicitud de impedir que partes de la ley de Georgia contra la inmigración ilegal entren en vigor hasta que se resuelva una demanda.
El juez Thomas Thrash bloqueó partes de la legislación que penaliza a la gente que a sabiendas transporte o albergue a indocumentados mientras cometen otro delito, y también detuvo las cláusulas que le autorizan a los agentes verificar la situación migratoria de alguien que no pueda proporcionar una identificación adecuada.
Thrash escribió que, bajo partes de la legislación, el estado está aplicando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal.
Además, el magistrado sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.
La mayoría de las cláusulas que forman la ley iban a entrar en vigor el 1 de julio. Grupos activistas por las libertades civiles habían interpuesto una demanda en la que le pedían al juez que declarara inconstitucional la legislación e impidiera que entrara en vigor.
Thrash escuchó el 20 de junio los argumentos de ambas partes sobre el pedido de grupos activistas por las libertades civiles para que bloqueara la ley, y de la solicitud del estado de sobreseer la demanda. Intercambió palabras con Devon Orland, asistente del secretario de Justicia, en un diálogo en ocasiones tenso.
Omar Jadwat, de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, argumentó que la ley es fundamentalmente inconstitucional y transgrede la autoridad federal, mientras que Orland dijo que la medida es necesaria porque los inmigrantes ilegales están agobiando las instituciones médicas y las prisiones.
Los grupos por la defensa de los derechos civiles argumentan que la ley es inconstitucional y podría alentar a las autoridades a perseguir a la gente por sus características raciales. Cláusulas de la legislación que penalizan a personas que albergan y transportan a indocumentados en ciertas situaciones también tienen el potencial de castigar a la gente por tener interacciones inocentes con inmigrantes ilegales, han dicho los grupos.
La ley de Georgia tiene algunas partes similares a una ley promulgada el año pasado en Arizona y también es parecida a una implementada este año en Utah.
Un juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la ley de Arizona el año pasado después que el Departamento de Justicia federal interpuso una demanda, argumentando que le ley infringía el poder exclusivo del gobierno federal de regular la inmigración. Un juez federal avaló la decisión, y la gobernadora de Arizona Jan Brewer ha dicho que apelará ante la Corte Suprema federal.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y otros grupos interpusieron demandas contra la ley de Utah, argumentando que implicaba una carga inconstitucional para los indocumentados y se parecía demasiado a partes de la ley de Arizona.
Un juez federal bloqueó temporalmente la ley de Utah, citando similitudes a las partes más controvertidas de la ley de Arizona. Se convocó una audiencia a mediados de julio para decidir si puede entrar en vigor.
Otra sección de la legislación de Georgia, programada para entrar en vigor por fases a partir de enero, requeriría a las empresas verificar la condición migratoria de los nuevos empleados. Una ley de Arizona con los mismos requerimientos recientemente fue avalada por la Corte Suprema federal.
El juez Thomas Thrash bloqueó partes de la legislación que penaliza a la gente que a sabiendas transporte o albergue a indocumentados mientras cometen otro delito, y también detuvo las cláusulas que le autorizan a los agentes verificar la situación migratoria de alguien que no pueda proporcionar una identificación adecuada.
Thrash escribió que, bajo partes de la legislación, el estado está aplicando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal.
Además, el magistrado sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.
La mayoría de las cláusulas que forman la ley iban a entrar en vigor el 1 de julio. Grupos activistas por las libertades civiles habían interpuesto una demanda en la que le pedían al juez que declarara inconstitucional la legislación e impidiera que entrara en vigor.
Thrash escuchó el 20 de junio los argumentos de ambas partes sobre el pedido de grupos activistas por las libertades civiles para que bloqueara la ley, y de la solicitud del estado de sobreseer la demanda. Intercambió palabras con Devon Orland, asistente del secretario de Justicia, en un diálogo en ocasiones tenso.
Omar Jadwat, de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, argumentó que la ley es fundamentalmente inconstitucional y transgrede la autoridad federal, mientras que Orland dijo que la medida es necesaria porque los inmigrantes ilegales están agobiando las instituciones médicas y las prisiones.
Los grupos por la defensa de los derechos civiles argumentan que la ley es inconstitucional y podría alentar a las autoridades a perseguir a la gente por sus características raciales. Cláusulas de la legislación que penalizan a personas que albergan y transportan a indocumentados en ciertas situaciones también tienen el potencial de castigar a la gente por tener interacciones inocentes con inmigrantes ilegales, han dicho los grupos.
La ley de Georgia tiene algunas partes similares a una ley promulgada el año pasado en Arizona y también es parecida a una implementada este año en Utah.
Un juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la ley de Arizona el año pasado después que el Departamento de Justicia federal interpuso una demanda, argumentando que le ley infringía el poder exclusivo del gobierno federal de regular la inmigración. Un juez federal avaló la decisión, y la gobernadora de Arizona Jan Brewer ha dicho que apelará ante la Corte Suprema federal.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y otros grupos interpusieron demandas contra la ley de Utah, argumentando que implicaba una carga inconstitucional para los indocumentados y se parecía demasiado a partes de la ley de Arizona.
Un juez federal bloqueó temporalmente la ley de Utah, citando similitudes a las partes más controvertidas de la ley de Arizona. Se convocó una audiencia a mediados de julio para decidir si puede entrar en vigor.
Otra sección de la legislación de Georgia, programada para entrar en vigor por fases a partir de enero, requeriría a las empresas verificar la condición migratoria de los nuevos empleados. Una ley de Arizona con los mismos requerimientos recientemente fue avalada por la Corte Suprema federal.
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