BEIJING, China, nov. 11, 2009.- Amnistía Internacional (AI) condenó hoy las ejecuciones de nueve implicados en las revueltas étnicas de julio en Xinjiang, en su mayoría uigures, por considerar que sus juicios fueron precipitados e injustos.
Los nueve ejecutados fueron condenados por diferentes delitos relacionados con las revueltas de Urumqi, capital de la beligerante región occidental de Xinjiang, en las que, según el Gobierno, murieron cerca de 200 personas, en su mayoría chinos, a manos de uigures violentos.
Sin embargo, portavoces en el exilio de los uigures, la etnia musulmana de lengua turca autóctona en la región, señalan que también perecieron muchos miembros de su etnia a manos del ejército chino y que la represión contra su grupo por parte de la etnia mayoritaria, los chinos han, se ha recrudecido desde entonces.
"Las autoridades chinas están perpetuando algunas de las muchas injusticias que contribuyeron a disparar la violencia (en Urumqi) con la precipitada ejecución de esos individuos después de juicios injustos", señaló en un comunicado Roseann Rife, subdirectora de la organización defensora de los Derechos Humanos para Asia-Pacífico.
Los nueve ejecutados formaban parte de un total de 21 que fueron juzgados y sentenciados en octubre en relación con la violencia étnica entre uigures y colonos chinos, que ya suponen más de la mitad de los 20 millones de pobladores de Xinjiang gracias a los apoyos de Pekín, con intereses económicos clave en la región.
Otros tres encausados fueron condenados a pena de muerte con conmuta condicionada a buen comportamiento, que suele convertirse en cadena perpetua, y el resto a prolongadas penas de cárcel.
Según la ONG, los juicios duraron menos de un día y estuvieron muy politizados, ya que el Partido Comunista anunció días después de las revueltas que "los brutales asesinos serían sentenciados a muerte".
Además, los acusados no pudieron escoger un abogado y las autoridades chinas retiraron licencias a los que llevan este tipo de casos.
Por su parte, la ONG asegura haber hablado con testigos presenciales que atestiguan que las fuerzas armadas chinas atacaron a los manifestantes uigures del 5 de julio, cuando protestaban pacíficamente por el linchamiento de miembros de su etnia en el sur del país asiático.
Dichos testigos dijeron que el Ejército recurrió a un "uso excesivo de la fuerza, golpeó a los manifestantes, usó gas lacrimógeno y disparó directamente a la multitud que protestaba".
AI pide una investigación sobre estos hechos que, añade, exacerban el sentimiento de injusticia de la que son objeto en China minorías étnicas como la uigur y la tibetana.
Los nueve ejecutados fueron condenados por diferentes delitos relacionados con las revueltas de Urumqi, capital de la beligerante región occidental de Xinjiang, en las que, según el Gobierno, murieron cerca de 200 personas, en su mayoría chinos, a manos de uigures violentos.
Sin embargo, portavoces en el exilio de los uigures, la etnia musulmana de lengua turca autóctona en la región, señalan que también perecieron muchos miembros de su etnia a manos del ejército chino y que la represión contra su grupo por parte de la etnia mayoritaria, los chinos han, se ha recrudecido desde entonces.
"Las autoridades chinas están perpetuando algunas de las muchas injusticias que contribuyeron a disparar la violencia (en Urumqi) con la precipitada ejecución de esos individuos después de juicios injustos", señaló en un comunicado Roseann Rife, subdirectora de la organización defensora de los Derechos Humanos para Asia-Pacífico.
Los nueve ejecutados formaban parte de un total de 21 que fueron juzgados y sentenciados en octubre en relación con la violencia étnica entre uigures y colonos chinos, que ya suponen más de la mitad de los 20 millones de pobladores de Xinjiang gracias a los apoyos de Pekín, con intereses económicos clave en la región.
Otros tres encausados fueron condenados a pena de muerte con conmuta condicionada a buen comportamiento, que suele convertirse en cadena perpetua, y el resto a prolongadas penas de cárcel.
Según la ONG, los juicios duraron menos de un día y estuvieron muy politizados, ya que el Partido Comunista anunció días después de las revueltas que "los brutales asesinos serían sentenciados a muerte".
Además, los acusados no pudieron escoger un abogado y las autoridades chinas retiraron licencias a los que llevan este tipo de casos.
Por su parte, la ONG asegura haber hablado con testigos presenciales que atestiguan que las fuerzas armadas chinas atacaron a los manifestantes uigures del 5 de julio, cuando protestaban pacíficamente por el linchamiento de miembros de su etnia en el sur del país asiático.
Dichos testigos dijeron que el Ejército recurrió a un "uso excesivo de la fuerza, golpeó a los manifestantes, usó gas lacrimógeno y disparó directamente a la multitud que protestaba".
AI pide una investigación sobre estos hechos que, añade, exacerban el sentimiento de injusticia de la que son objeto en China minorías étnicas como la uigur y la tibetana.
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