EL PUEBLO Miami.- Uno de los controvertidos proyectos de ley de Inmigración presentados en la Asamblea Legislativa de Florida fue aprobado hoy en un comité de la Cámara de Representantes, mientras más de 200 personas, en su mayoría de origen hispano, asistieron a la sesión en un intento por evitar una votación favorable.
Los miembros del Comité de Asuntos Económicos votaron 11 a 7 a favor del proyecto del representante republicano Bill Snyder que activistas proderechos de los inmigrantes aseguran contiene disposiciones similares a la polémica ley de Arizona.
Se espera que ahora el proyecto pase al pleno de la Cámara de Representantes para su votación final.
Snyder justificó el proyecto al decir que se trataba de un asunto de dignidad para los propios inmigrantes que al estar en el país indocumentados carecen de derechos, viven bajo temor y en condiciones precarias.
El proyecto exige a las compañías utilizar el programa federal de verificación E-Verify para determinar el estatus legal de sus trabajadores.
Autoriza presentar quejas ante la Fiscalía estatal cuando se presume que una empresa ha contratado a una persona indocumentada y prohíbe que esos reclamos se realicen sobre la base de la raza o nacionalidad.
De no cumplir las empresas con lo establecido, incluyendo aquellas del sector de la construcción, se les suspenderían sus licencias.
La Cámara de Comercio de Florida, la Asociación de Industriales de Florida y la Asociación de Frutas y Vegetales han advertido que el proyecto HB7089 y el SB2040 del Senado tendrán impactos negativos en la economía y la imagen internacional del estado.
Los tres gremios empresariales afirmaron que una ley antiinmigrante alejará de Florida a los turistas extranjeros y a la inversión internacional, además de causar desempleo en momentos en que el estado intenta superar los impactos de la crisis económica.
Adam Babington, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de Florida, dijo hoy al comité que "el solo hecho de sostener este debate no está haciendo nada más que afectar el nombre de Florida tanto nacional como internacionalmente, y eso generará graves consecuencias económicas".
Luis García, representante demócrata, del distrito 107 de Miami-Dade, advirtió que si "esta ley llegara a aprobarse en este momento", los convertirá en ciudadanos de segunda clase.
El proyecto de Snyder exige también que la policía determine el estatus migratorio de las personas que estén bajo investigación delictiva.
Snyder dijo en la sesión legislativa que los agentes deben tener "una sospecha razonable" de que un individuo está indocumentado en el país antes de verificar su estatus con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
A las agencias gubernamentales de los condados, municipalidades y otras, según el proyecto, no se les puede prohibir o restringir el recibir, enviar o manejar información relacionada con inmigración cuando se trate de determinar la elegibilidad para algún beneficio público, servicio o licencia del gobierno.
Las cárceles estatales o locales deben notificar al ICE o al Servicio de Protección de Fronteras (CBP) la liberación de una persona indocumentada antes de que salga de la prisión.
Subhash Kateel, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLCI, por su sigla en inglés), testificó ante el comité que el proyecto es "una copia de la Ley de Arizona", al convertir un delito estatal el estar indocumentado.
Y, agregó, por autorizar a la policía indagar el estatus migratorio de cualquier persona que se crea "razonablemente sospechosa" de ser indocumentada.
El debate de otro proyecto, "Extranjeros no autorizados" (SB2040), en el Comité de Presupuesto del Senado se aplazó el miércoles porque según algunos legisladores aún no cuenta con el respaldo requerido.
La iniciativa es de la senadora cubanoamericana Anitere Flores, de Miami, y fue aprobado el pasado 4 de abril en el Comité Judicial.
Este proyecto exige a las empresas que utilicen el programa E-Verify y el incumplimiento podría conllevar a la suspensión de la licencia de las compañías.
Pero contempla una excepción en aquellos casos en los que los trabajadores muestren un pasaporte de EU o licencia vigente; o un pasaporte extranjero con visa que permita trabajar,
entre otros documentos. También establece que el Departamento de Prisiones pueda solicitar al Departamento de Seguridad Nacional aprobar convenios para implementar el programa 287g que permitirían entrenar al personal de las cárceles en labores de inmigración.
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