Río de Janeiro.- Los partidos que apoyan al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, contarán con 402 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados que asumirá en 2011, según proyecciones divulgadas hoy por el portal "Congreso en Foco" con base en los escrutinios parciales de las elecciones del domingo.
La bancada oficialista en la próxima legislatura no solo tendrá la mayoría absoluta, con el 78 por ciento de los escaños, sino también más de los tres quintos (307 diputados) necesarios para aprobar enmiendas constitucionales, según el portal especializado en información legislativa.
Actualmente el oficialismo tiene 380 de los 513 diputados federales.
Por el contrario, los partidos de oposición, que hoy tienen 133 representantes en la Cámara Baja, contarán a partir del próximo año con solo 111 legisladores.
La nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados puede ser bastante favorable para la candidata oficialista Dilma Rousseff en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentará dentro de cuatro semanas al opositor José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Rousseff, con el 46,90% de los votos, y Serra, con el 32,61%, fueron los dos candidatos más votados en las presidenciales del domingo.
El oficialista Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y al que pertenece Rousseff, será la primera mayoría en la próxima Cámara de Diputados, ya que aumentará sus escaños de los actuales 79 a 88.
La segunda será el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que es la principal formación aliada del Gobierno y cuya representación caerá de los actuales 90 diputados a 79 a partir del próximo año.
La tercera fuerza será el PSDB de Serra, pero solo con 53 escaños frente a los 59 que tiene actualmente.
El también opositor Demócratas (DEM) se mantendrá como la cuarta fuerza, pero su número de diputados también caerá, de los actuales 56 a 43.
Esa correlación de fuerzas aún puede cambiar debido a que el TSE no ha divulgado el número de votos obtenido por algunos candidatos que eran señalados como favoritos en las encuestas pero cuya elección depende de decisiones judiciales.
La mayoría de estos candidatos presentó recursos judiciales para poder disputar las elecciones pese a que este año entró en vigor una ley que inhabilita a los aspirantes que han sido condenados civil o penalmente por tribunales de segunda instancia.
La futura correlación de fuerzas también depende de que los estados que están más atrasados con el escrutinio divulguen los resultados finales.
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