MILENIOWashington.- El Estado peruano defendió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su legislación sobre terrorismo para ofrecer "información transparente" de que los juicios a presos de Sendero Luminoso están dentro de la ley.
Como parte del 140 período de sesiones, el Estado peruano convocó a una audiencia temática, en la que solo participaron sus representantes, para exponer su visión sobre los estándares internacionales y procesos a acusados de terrorismo en su país.
El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la procuradora pública especializada supranacional, Delia Muñoz y el fiscal superior de la Primera Fiscalía Penal Nacional, Víctor Cubas, acudieron a Washington para defender su postura frente al presidente de turno de la CIDH, Felipe González, y otros comisionados.
Según explicó Muñoz a Efe, la propuesta de esta audiencia surgió de "una preocupación (del Estado) por ofrecer la información de la manera más transparente posible para que vean de que todos los juicios han sido con sujeción a las garantías".
"Tenemos a 183 personas de la cúpula de Sendero Luminoso que están pidiendo que se anulen los procesos que el Perú llevó a cabo y recobrar así su libertad", denunció la procuradora para justificar la audiencia.
En su exposición, el presidente de la Corte Suprema defendió el derecho peruano sobre terrorismo frente a críticas de ser demasiado restrictivo y dijo que "no es amplio, sino detallado y productivo".
Por su parte, Cubas explicó las ramificaciones de la legislación y la historia sobre ésta en "una de las repúblicas que ha sufrido la mas grave violencia" por terrorismo desde los años ochenta.
Además, manifestó que ha habido "un escrupuloso respeto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales, durante el gobierno democrático desde el año 2000" sobre procesos a terroristas.
En una anterior audiencia sobre la justicia militar y la impunidad en Perú, el Gobierno tuvo que defender también este asunto ante las críticas a un decreto recientemente aprobado que regula las sanciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías.
Esa medida conocida como decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si no se dicta sentencia en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción.
Además, añade que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
En una visita en septiembre del relator de Naciones Unidas para el terrorismo y derechos humanos, Martin Scheinin, éste alertó que el decreto puede establecer "una tendencia" hacia la impunidad en Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario