
BUENOS AIRES.— Los estudiantes y su reivindicación de poner fin a “la herencia maldita” de la dictadura pinochetista, en lo que respecta al sistema educativo, vienen marcando el rumbo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien desde su llegada a La Moneda (palacio presidencial) no logra hacer pie ni en la gestión ni en la forma de comunicar sus medidas.
La tercera multitudinaria marcha en menos de un mes de los estudiantes que exigen una reforma educativa integral, prohibiendo el lucro en las universidades privadas, las que florecieron con el recorte del presupuesto educativo en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aparece a la vanguardia de una serie de protestas y huelgas que afectan a los mineros y los trabajadores del cobre, la industria estratégica de la economía chilena.
El jueves fueron los estudiantes y profesores y el pasado lunes los 15 mil trabajadores de Codelco, la estatal de cobre, quienes paralizaron las actividades en protesta contra cambios en la forma de explotación en las minas y ante el intento del gobierno de abrir la empresa al capital privado.
Tal plan “amenaza con derivar en una privatización encubierta”, según el presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, quien celebró el hecho de “haber hecho la mayor huelga en los últimos 28 años” en el sector.
Ni siquiera el intento de Piñera de destinar 4 mil millones de dólares al presupuesto educativo (que representa el 4% del PIB, cuando la UNESCO recomienda el 7%), lo que equivalía a casi 40% de lo que se destina anualmente a la educación, alcanzó para apagar la ira de los estudiantes y profesores.
“Nos preocupa que se quiera aceptar el lucro como mecanismo para sustentar una institución educacional. Eso significa que se va a seguir profundizando la educación como un negocio”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, la joven dirigente del Partido Comunista que cobró notoriedad desde el inicio de las protestas.
Si bien la crisis en la educación viene en ebullición desde el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), cuando los estudiantes comenzaron a salir a la calle a manifestarse contra los costos de la educación pública en el país, es la administración Piñera la que está pagando el costo.
“En parte por el hartazgo de un sector de la sociedad, los jóvenes para quienes estudiar significa hipotecar su vida, y por el otro por la presencia del ministro de Educación (y ex candidato a la presidencia) Joaquín Lavín”, explica el sociólogo Marcelo Arnoldo.
Fundador de una Universidad privada, y miembro del Opus Dei, Lavín y su presencia en el ministerio irrita a los estudiantes. Los sucesivos llamados al diálogo del ministro fueron cayendo en saco roto, y por estas horas Piñera evalúa su reemplazo junto al del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (por la represión de la víspera) y de la vocera Eva Bon Baer.
Con una popularidad que se ubica en el mínimo de un presidente chileno desde la recuperación de la democracia en 1990 (31%), Piñera padece la actual crisis, porque “cuando presenta su propuesta de incrementar el PIB de educación no va al meollo de la cuestión sobre el tema del lucro... además (el incremento) estaba destinado a la educación superior antes que a la primaria y la secundaria, y lo que es peor, carece de credibilidad, algo que los gobiernos de la Concertación tenían y pudieron sobrellevar la crisis en el sector”, explica el analista Ascanio Cavallo.
Desde su llegada al poder, el 11 de marzo de 2010, Piñera y su gobierno navegaron en la intrascendencia y el descrédito. El único logro que hasta aquí puede mostrar el primer gobierno de derecha electo desde 1964, fue el mediático rescate de 33 mineros en octubre pasado que ayudó a que se recuperara en las encuestas.
Pero no es sólo el problema de la educación el motivo de las protestas de las últimas semanas. “Se vislumbra una debacle del cuadro político”, admite el ex senador socialista José Viera Gallo. Y eso en un país que desde hace 14 años aparece como una de las economías más pujantes de la región con un ingreso per cápita de 15 mil millones de dólares anuales, que había logrado reducir la pobreza de 42% en 1990 a 22% en 2010 y con un crecimiento económico pautado para este año de 6%. Lo que lleva a la administración Piñera a soportar tamaña crisis es la inequidad que desde el origen viene generando “el modelo chileno”.
De acuerdo a los datos del último censo, la mitad de los chilenos vive con un ingreso inferior a los 900 dólares mensuales y cerca de 1.5 millones de personas lo hace con menos de 150 dólares cada 30 días.
Esa inequidad se ve plasmada en la realidad de que ocho de cada 10 estudiantes universitarios pertenecen al 60% de las familias más pobres.
Para poder estudiar en la universidad pública o la privada, con aranceles similares, esos estudiantes suelen acceder a un crédito bancario con intereses del mercado. “Lo que genera una hipoteca muchas veces de por vida”, sostiene Vallejo.
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