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Agentes federales no han logrado ubicar más de 1,400 armas de fuego utilizadas en una polémica operación para rastrear el flujo de armas entre cárteles de la droga mexicanos, indicaron a CNN fuentes con conocimiento de la investigación.
De 2,020 armas de fuego involucradas en la operación Rápido y Furioso, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se han recuperado 363 en Estados Unidos y 227 en México. Eso deja la cifra de 1,430 armas desaparecidas, reportaron las fuentes.
La operación de ATF tuvo la intención de construir casos contra los cárteles mexicanos permitiendo que las armas lleguen de Estados Unidos a México. La idea era rastrear las armas en territorio mexicano, para que los agentes fueran capaces de determinar la estructura de los cárteles y después acabaran con ellos.
El problema fue que una vez que se le permitió "caminar" a las armas, no hubo manera de recuperarlas hasta que aparecieron en la escena de los crímenes.
La operación ha sido ampliamente criticada en el Congreso. El presidente de un comité de la Cámara que investigó el asunto lo calificó como un "crimen estúpido".
René Jáquez, ex agregado de la ATF en la Ciudad de México, dijo a CNN que la operación no debió haber ocurrido.
"A las armas tradicionalmente no se les permite salir de la operación secreta por temor a que entren en el elemento criminal y sean utilizadas posteriormente en un crimen de fecha posterior", dijo Jaquez. "Y lo último que queremos, como agentes de la ley, es que se nos atribuya la muerte de una persona inocente por un arma de fuego que se perdió durante una de nuestras operaciones".
Sin embargo, la ATF permitió a individuos comprar armas que sabían que iba a terminar en manos de los criminales en ambos lados de la frontera.
Y cuando el agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, murió en Arizona en diciembre, dos AK-47 a las que se permitió a "caminar" en el marco del programa se encontraron en la escena.
En México, la operación provocó duras críticas de altos funcionarios, que durante mucho tiempo han señalado que las armas de Estados Unidos están alimentando la sangrienta guerra contra las drogas.
En los últimos meses, han surgido dudas respecto a quién en el gobierno estuvo a cargo y tuvo datos de la operación. A pesar de que se realizó fuera de la oficina de campo de la ATF en Phoenix, Jáquez señaló que es muy poco probable que los funcionarios del Departamento de Justicia en Washington no estuvieran informados.
"Ustedes tienen que entender, este programa estuvo en funcionamiento 18 meses antes de que tuviéramos alguna idea de que existía", dijo el senador Charles Grassley, republicano por Iowa.
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