DIARIO.COMGinebra— Estados Unidos infringió el derecho internacional con la ejecución de un mexicano en Texas, afirmó ayer la principal funcionaria de derechos humanos de la ONU.
La ejecución de Humberto Leal “plantea preocupaciones jurídicas particulares”, entre ellas si él tuvo acceso a asistencia consular y si se le otorgó un juicio imparcial, dijo Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A su vez, Amnistía Internacional señaló que la ejecución de Leal García, viola el derecho internacional y Texas ha desafiado abiertamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al no acatar el fallo del Caso Avena, que ordena que los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital sean revisados, pues en todos se violó el derecho de los inculpados a la asistencia consular.
En México, senadores de todos los partidos condenaron la decisión de Texas y exigieron que el Gobierno de México asuma una posición más firme frente a las autoridades de EU.
Leal fue ejecutado el jueves en la noche por la violación y homicidio en 1994 de una adolescente en San Antonio después de que no lograron aplazar la pena los abogados del acusado, los cuales tenían el respaldo del Gobierno mexicano y otros diplomáticos.
Además de México, el gobierno del presidente Barack Obama y otros sectores querían que la Corte Suprema suspendiera temporalmente la ejecución a fin de permitirle al Congreso analizar una ley que obligue una revisión en tribunales de los casos de extranjeros condenados a muerte que no recibieron asistencia jurídica de sus consulados.
El máximo tribunal rechazó la solicitud por cinco votos a favor y cuatro en contra.
La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton “se encuentra muy decepcionada por el resultado de este caso”, dijo su vocera Victoria Nuland, ayer.
“Ustedes saben que el gobierno estadounidense buscó suspender la ejecución de Leal a fin de dar al Congreso tiempo de pronunciarse sobre la Ley de Cumplimiento de la Notificación Consular, que habría dado a Leal la revisión judicial requerida por la ley internacional”, dijo Nuland. “Francamente, si no protegemos los derechos de los no estadounidenses en Estados Unidos, corremos el riesgo grave de una falta recíproca de acceso a nuestros ciudadanos en el extranjero”.
El gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, en la que también subrayó la violación al derecho internacional en que había incurrido.
El consejero jurídico de la cancillería de México, Joel Hernández, dijo ayer que tras la ejecución de Leal hay otros dos mexicanos con fecha de ejecución inminente en Texas, identificados como César Fierro y Rubén Ramírez Cárdenas.
Ambos están cubiertos por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 en el que pide a Estados Unidos revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte. Entre ellos estaba Leal.
Hernández dijo que la esperanza para esos dos mexicanos con fecha de ejecución inminente es que se apruebe en Estados Unidos una ley de implementación del fallo, lo cual permitiría cumplir con lo establecido por la CIJ.
En este momento hay un total de 58 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos.
El gobernador de Texas, Rick Perry, tampoco concedió el aplazamiento de la ejecución. Texas, la entidad que hace efectiva la mayor cifra de penas de muerte en Estados Unidos, ha ejecutado a otros extranjeros en casos que plantean desafíos similares, el más reciente en 2008.
Pero lo que hizo Texas “también coloca a Estados Unidos en violación del derecho internacional”, dijo Pillay, quien visitó México esta semana. “El proceder de Texas en este caso es imputable jurídicamente a Estados Unidos y finca responsabilidad internacional” a ese país, agregó.
“Lo que está haciendo el gobernador Perry es poniendo a todos los Estados Unidos, como país, en una situación de incumplimiento”, dijo el consejero jurídico de la cancillería mexicana.
Consideró que en Texas la pena de muerte es un asunto que “está muy enraizado en la población, en sus líderes políticos, en su ley... que termina atrayendo a todos, independientemente del partido al que pertenezca, en el sentido de apoyar la pena de muerte”.
Tanto Perry como la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra de Texas no cumplieron sus obligaciones consulares y de juicio imparcial –especificados bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y un Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos–, las cuales hubieran evitado que Estados Unidos incumpliera sus compromisos con el derecho internacional.
La ejecución socavó “el papel de la Corte Internacional de Justicia y posiblemente sus consecuencias se extenderán más allá de Texas”.
El gobernador Perry rechazó ayer las críticas por permitir la ejecución.
La portavoz de Perry, Katherine Cesinger, dijo que alguien que comete los crímenes más atroces en Texas puede esperar la pena capital.
Según la cancillería mexicana, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, intentó comunicarse telefónicamente con Perry, quien se rehusó a tomar la llamada.
Hernández aseguró que México ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger los derechos de los mexicanos condenados a muerte e incluso afirmó que a través del programa de asistencia jurídica de la cancillería se ha logrado desde el año 2000 que fiscales desistieran de solicitar la pena de muerte en 120 casos.
El senador del PAN Ricardo García Cervantes expresó que el Gobierno estadounidense se burló de todos, no sólo de México, sino también de los organismos internacionales de derechos humanos. El senador del PRD, Tomás Torres, dijo que el gobierno de México demostró que en la política exterior no ha sido eficaz para atender la comunidad de mexicanos en EU y defender sus derechos humanos.
Desafió Texas a Corte Internacional de Justicia
A su vez, Amnistía Internacional señaló que la ejecución de Leal García, viola el derecho internacional y Texas ha desafiado abiertamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al no acatar el fallo del Caso Avena, que ordena que los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital sean revisados, pues en todos se violó el derecho de los inculpados a la asistencia consular.
De acuerdo con un comunicado de la organización titulado Texas desafía a la CIJ, esta ejecución “viola el derecho internacional y un orden de enlace de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se llevó a cabo a pesar de la oposición de los gobiernos de Estados Unidos y México, y funcionarios de Naciones Unidas”.
Recordó que la CIJ en el fallo Avena que emitió en marzo de 2004 hizo hincapié en que la sentencia coloca a Estados Unidos en la obligación de acatarla que “debe realizarse sin condiciones, ante el incumplimiento de lo que constituye un comportamiento internacionalmente ilícito”, sin embargo Texas no dio marcha atrás en su argumento de que el tribunal internacional no tiene jurisdicción en ese estado.
AI detalló que aunque la Corte Suprema se negó ayer a conceder una suspensión de la ejecución a Leal García por cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces disidentes “se quejan de las graves consecuencias internacionales que se deriven de la ejecución “.
Aunque al final pesó más el argumento de que no tenían autoridad para hacerlo a la luz de la petición del presidente Barack Obama, cuyo gobierno advirtió de las consecuencias de este caso en la política exterior de Estados Unidos.
Los familiares de Leal reaccionaron a su vez con desconsuelo e ira y fustigaron a las autoridades de Texas, que ignoraron los pedidos de varios gobiernos por detener la ejecución.
“Dios es el que los va a juzgar algún día a ellos (las autoridades de Texas)”, dijo a la prensa Alberto Rodríguez, tío de Leal, en Guadalupe, ciudad del norteño estado mexicano de Nuevo León.
Condenan ejecución
El ex alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, condenó ayer la ejecución del mexicano Leal García y que en Estados Unidos se practique la pena de muerte.
En su cuenta de Twitter, el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) indicó que “no me parece bien que sea Premio Nobel de la Paz el presidente de un país que mantiene la pena de muerte”.
Eso, agregó, “con todo mi respeto” por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Europa es donde no existe pena de muerte. Me siento orgulloso de ser europeo”, concluyó.
La ejecución de Humberto Leal “plantea preocupaciones jurídicas particulares”, entre ellas si él tuvo acceso a asistencia consular y si se le otorgó un juicio imparcial, dijo Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A su vez, Amnistía Internacional señaló que la ejecución de Leal García, viola el derecho internacional y Texas ha desafiado abiertamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al no acatar el fallo del Caso Avena, que ordena que los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital sean revisados, pues en todos se violó el derecho de los inculpados a la asistencia consular.
En México, senadores de todos los partidos condenaron la decisión de Texas y exigieron que el Gobierno de México asuma una posición más firme frente a las autoridades de EU.
Leal fue ejecutado el jueves en la noche por la violación y homicidio en 1994 de una adolescente en San Antonio después de que no lograron aplazar la pena los abogados del acusado, los cuales tenían el respaldo del Gobierno mexicano y otros diplomáticos.
Además de México, el gobierno del presidente Barack Obama y otros sectores querían que la Corte Suprema suspendiera temporalmente la ejecución a fin de permitirle al Congreso analizar una ley que obligue una revisión en tribunales de los casos de extranjeros condenados a muerte que no recibieron asistencia jurídica de sus consulados.
El máximo tribunal rechazó la solicitud por cinco votos a favor y cuatro en contra.
La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton “se encuentra muy decepcionada por el resultado de este caso”, dijo su vocera Victoria Nuland, ayer.
“Ustedes saben que el gobierno estadounidense buscó suspender la ejecución de Leal a fin de dar al Congreso tiempo de pronunciarse sobre la Ley de Cumplimiento de la Notificación Consular, que habría dado a Leal la revisión judicial requerida por la ley internacional”, dijo Nuland. “Francamente, si no protegemos los derechos de los no estadounidenses en Estados Unidos, corremos el riesgo grave de una falta recíproca de acceso a nuestros ciudadanos en el extranjero”.
El gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, en la que también subrayó la violación al derecho internacional en que había incurrido.
El consejero jurídico de la cancillería de México, Joel Hernández, dijo ayer que tras la ejecución de Leal hay otros dos mexicanos con fecha de ejecución inminente en Texas, identificados como César Fierro y Rubén Ramírez Cárdenas.
Ambos están cubiertos por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 en el que pide a Estados Unidos revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte. Entre ellos estaba Leal.
Hernández dijo que la esperanza para esos dos mexicanos con fecha de ejecución inminente es que se apruebe en Estados Unidos una ley de implementación del fallo, lo cual permitiría cumplir con lo establecido por la CIJ.
En este momento hay un total de 58 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos.
El gobernador de Texas, Rick Perry, tampoco concedió el aplazamiento de la ejecución. Texas, la entidad que hace efectiva la mayor cifra de penas de muerte en Estados Unidos, ha ejecutado a otros extranjeros en casos que plantean desafíos similares, el más reciente en 2008.
Pero lo que hizo Texas “también coloca a Estados Unidos en violación del derecho internacional”, dijo Pillay, quien visitó México esta semana. “El proceder de Texas en este caso es imputable jurídicamente a Estados Unidos y finca responsabilidad internacional” a ese país, agregó.
“Lo que está haciendo el gobernador Perry es poniendo a todos los Estados Unidos, como país, en una situación de incumplimiento”, dijo el consejero jurídico de la cancillería mexicana.
Consideró que en Texas la pena de muerte es un asunto que “está muy enraizado en la población, en sus líderes políticos, en su ley... que termina atrayendo a todos, independientemente del partido al que pertenezca, en el sentido de apoyar la pena de muerte”.
Tanto Perry como la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra de Texas no cumplieron sus obligaciones consulares y de juicio imparcial –especificados bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y un Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos–, las cuales hubieran evitado que Estados Unidos incumpliera sus compromisos con el derecho internacional.
La ejecución socavó “el papel de la Corte Internacional de Justicia y posiblemente sus consecuencias se extenderán más allá de Texas”.
El gobernador Perry rechazó ayer las críticas por permitir la ejecución.
La portavoz de Perry, Katherine Cesinger, dijo que alguien que comete los crímenes más atroces en Texas puede esperar la pena capital.
Según la cancillería mexicana, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, intentó comunicarse telefónicamente con Perry, quien se rehusó a tomar la llamada.
Hernández aseguró que México ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger los derechos de los mexicanos condenados a muerte e incluso afirmó que a través del programa de asistencia jurídica de la cancillería se ha logrado desde el año 2000 que fiscales desistieran de solicitar la pena de muerte en 120 casos.
El senador del PAN Ricardo García Cervantes expresó que el Gobierno estadounidense se burló de todos, no sólo de México, sino también de los organismos internacionales de derechos humanos. El senador del PRD, Tomás Torres, dijo que el gobierno de México demostró que en la política exterior no ha sido eficaz para atender la comunidad de mexicanos en EU y defender sus derechos humanos.
Desafió Texas a Corte Internacional de Justicia
A su vez, Amnistía Internacional señaló que la ejecución de Leal García, viola el derecho internacional y Texas ha desafiado abiertamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al no acatar el fallo del Caso Avena, que ordena que los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital sean revisados, pues en todos se violó el derecho de los inculpados a la asistencia consular.
De acuerdo con un comunicado de la organización titulado Texas desafía a la CIJ, esta ejecución “viola el derecho internacional y un orden de enlace de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se llevó a cabo a pesar de la oposición de los gobiernos de Estados Unidos y México, y funcionarios de Naciones Unidas”.
Recordó que la CIJ en el fallo Avena que emitió en marzo de 2004 hizo hincapié en que la sentencia coloca a Estados Unidos en la obligación de acatarla que “debe realizarse sin condiciones, ante el incumplimiento de lo que constituye un comportamiento internacionalmente ilícito”, sin embargo Texas no dio marcha atrás en su argumento de que el tribunal internacional no tiene jurisdicción en ese estado.
AI detalló que aunque la Corte Suprema se negó ayer a conceder una suspensión de la ejecución a Leal García por cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces disidentes “se quejan de las graves consecuencias internacionales que se deriven de la ejecución “.
Aunque al final pesó más el argumento de que no tenían autoridad para hacerlo a la luz de la petición del presidente Barack Obama, cuyo gobierno advirtió de las consecuencias de este caso en la política exterior de Estados Unidos.
Los familiares de Leal reaccionaron a su vez con desconsuelo e ira y fustigaron a las autoridades de Texas, que ignoraron los pedidos de varios gobiernos por detener la ejecución.
“Dios es el que los va a juzgar algún día a ellos (las autoridades de Texas)”, dijo a la prensa Alberto Rodríguez, tío de Leal, en Guadalupe, ciudad del norteño estado mexicano de Nuevo León.
Condenan ejecución
El ex alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, condenó ayer la ejecución del mexicano Leal García y que en Estados Unidos se practique la pena de muerte.
En su cuenta de Twitter, el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) indicó que “no me parece bien que sea Premio Nobel de la Paz el presidente de un país que mantiene la pena de muerte”.
Eso, agregó, “con todo mi respeto” por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Europa es donde no existe pena de muerte. Me siento orgulloso de ser europeo”, concluyó.
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