MILENIOEl ministro confirmó que en la zona, escenario constante de protestas por diferentes conflictos sociales, murió un hombre de 47 años, tras los choques con la Policía que comenzaron la noche del miércoles y se extendieron a la madrugada de hoy.
A pesar de que algunos medios informaron que un joven de 15 años había muerto tras recibir una bala perdida, el ministro dijo que no podía confirmar dicho dato.
"Sólo podemos aseverar que hay un caso lamentable", afirmó.
Horas antes, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Cuzco, Silvio Campana, dijo a Efe que además del fallecido, resultaron heridos 18 civiles, dos de ellos de gravedad por "proyectiles de armas de fuego", que pudieron ser balas o perdigones, y 10 policías.
El ministro del Interior aseguró, empero, que los policías heridos son 26 y que todos han sufrido contusiones y golpes.
Los ministros también dijeron que la calma ha vuelto a Espinar, donde hoy se reunirán los líderes de las organizaciones sociales para evaluar las próximas acciones que tomarán.
La provincia está resguardada fuertemente por unos 600 policías, y un número no determinado de soldados, quienes prestan apoyo en el mantenimiento del orden público en Espinar, declarada el fin de semana pasado en estado de emergencia (excepción).
Los pobladores pasearon hoy un féretro por las calles de Yauri, la capital provincial, aunque la Defensoría aseguró que el cadáver del hombre fallecido en los disturbios permanece en la morgue para determinar las causas de su muerte.
Chang se reunirá mañana en Lima con los presidentes de los gobiernos regionales de Cuzco, Hugo Gonzáles, y de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y está a la espera de la decisión que adopten los pobladores para confirmar la presencia del alcalde provincial de Espinar, Eloy Chancayauri.
El primer ministro también anunció que le pidió al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, que actúe como mediador en el conflicto y ratificó su disposición "a dialogar, pero sin violencia".
Por su lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su profundo pesar por estos acontecimientos y pidió que se investigue si se usó "la fuerza de forma desproporcionada" para reprimir a los manifestantes.
Esto, porque la protesta en Espinar se da en medio de una polémica por la vigencia del decreto 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de los militares en el marco de protestas de civiles.
Los pobladores de Espinar rechazan el inicio del proyecto de irrigación Majes-Sihuas II, que consideran que puede dejar sin agua a las tierras de su localidad.
La agencia estatal ProInversión entregó el lunes pasado la concesión del proyecto al Consorcio Angostura-Siguas, que integran la española Cobra Instalaciones y Servicios y la peruana Cosapi.
Un estudio de balance hídrico realizado por una consultora privada señaló en marzo que la construcción de la represa generaría un déficit de agua de 12 millones de metros cúbicos en Espinar, cuyos pobladores ya rechazaron este proyecto el año pasado.
Perú es constante escenario de protestas de la población por diversas demandas socio-ambientales y regionales, principalmente en torno a los recursos naturales como agua y gas.
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