El gobierno chileno de Sebastián Piñera sostuvo que no dialogaría mientras los mapuches continúen la huelga de hambre en diversas cárceles en las que están confinados, pero finalmente lo hizo.
Santiago de Chile.- Los mapuches decidieron el domingo prolongar la huelga de hambre que varios docenas de ellos empezaron hace 77 días, al no aceptar una oferta oficial de procesarlos solo por delitos comunes y no bajo un estatuto antiterrorista que data de la época de la dictadura.
"En primera instancia" no hubo acuerdo, afirmó el domingo la vocera del grupo Natividad Llanquileo. "Vamos a seguir conversando", agregó el vocero Rodrigo Curipán.
El gobierno ofreció desistir de las acusaciones basadas en la cuestionada ley antiterrorista y procesarlos por delitos comunes si los indígenas deponían el domingo el ayuno. Empero, la Fiscalía Nacional afirmó que seguirá encausando a los indígenas mientras la ley antiterrorista siga vigente o sea modificada.
Aunque el plazo vencía el domingo, se extendió. Se desconoce el detalle de la oferta gubernamental.
El gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que no dialogaría mientras los mapuches continúen la huelga de hambre en diversas cárceles en las que están confinados, pero finalmente lo hizo.
En Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, el obispo Ricardo Ezzati actúa como "facilitador" de las negociaciones entre el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado y voceros de los huelguistas.
Tanto Ezzati como los voceros se desplazan a las distintas ciudades donde están presos los huelguistas y a los hospitales donde han sido trasladados algunos mapuches más graves por el ayuno.
Dicha norma, legada por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), permite encarcelar a los acusados durante todo el proceso, el uso de testigos anónimos en el juicio, procesarlos simultáneamente en tribunales militares y civiles y endurece hasta en tres grados las condenas que puedan recibir.
La controvertida ley que afecta a muchos de los huelguistas fue invocada por el gobierno de la mandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y Piñera alega que enfrenta un problema heredado.
Los 700 mil mapuches son la mayor de las ocho etnias que hay en Chile, viven en poco menos de tres mil comunidades, y algunos centenares de grupos rechazan la política indígena oficial --de entregas de porciones de terrenos-- exigen restitución de tierras ancestrales, autodeterminación y reconocimiento de su identidad cultural en un país de 17 millones de habitantes.
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