martes, 14 de septiembre de 2010

Aseguran que el presidente Santos fue blanco de espionaje

MILENIO
La cadena de televisión privada RCN difundió que también fueron blanco del espionaje el ministro de Interior y Justicia y la ex presidenta del Congreso. Vargas Llosa exigió que se investigue profundamente y se castigue a los responsables.

Bogotá.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue espiado en 2006 por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS-policía secreta), reveló hoy la cadena de televisión privada RCN.

Santos, quien asumió como Ministro de Defensa en julio de 2006 y hasta 2009 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, habría sido víctima de los seguimientos ilegales que la prensa colombiana denomina 'el escándalo de las chuzadas'.

Según el telenoticiero, la orden de seguir a Santos fue enviada en octubre de 2006 por el ex jefe de contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, al entonces jefe de análisis, Gustavo Sierra Pietro.

También fueron blanco de espionaje el actual ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y la ex presidenta del Congreso Dilian Francisca Toro.

Los investigadores de la Fiscalía encontraron en los computadores del DAS un perfil completo sobre Santos, que incluyen detalles de su trayectoria académica y laboral además de un análisis de sus fortalezas y debilidades.

La revelación provocó una fuerte reacción de Vargas Lleras, quien anunció que pedirá al presidente Santos que analice una posible desclasificación de la "información secreta" que recopilaron los organismos de seguridad a través de estas actividades ilegales.

'He estado examinando la posibilidad con el director de la Policía, Oscar Naranjo y esperaría conversar con el presidente de este tema. Mucho le serviría a este país desclasificar la información secreta que por tantos años han manejado las autoridades", dijo el ministro.

Vargas aseguró que todo el escándalo debe ser profundamente investigado y los responsables fuertemente castigados.

El escándalo del espionaje durante la administración Uribe incluye seguimientos ilegales a magistrados de las altas cortes de justicia, políticos de oposición, periodistas, integrantes de grupos defensores de derechos humanos, entre otros.

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