MILENIOSan Salvador.- Las autoridades de seguridad de El Salvador aseguraron hoy que están preparadas para la aplicación de la ley que penaliza la pertenencia y financiación de las pandillas, que entrará en vigor a partir del próximo domingo.
"Estamos ya preparados, nos hemos preparado en las semanas anteriores para la aplicación de la ley", afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, al canal 6 de la televisión local.
Agregó que la PNC aportará las "pruebas necesarias" para que la Fiscalía logre presentar una acusación contra los posibles detenidos bajo esta nueva normativa y se logre condenar con celeridad a los integrantes de pandillas capturados por las autoridades.
El fiscal general de la República, Romeo Barahona, destacó que su despacho buscará que sus investigaciones estén "bien sustentadas, bien fundamentadas", para formular las acusaciones contra las personas acusadas de pertenecer o financiar agrupaciones ilícitas, entre ellas las pandillas.
"No pretendemos ir a capturar por capturar. Lo que pretendemos es fundamentar nuestros casos, la recolección de todos los elementos probatorios, los elementos mínimos para poder judicializar estos casos y poderlos llevar a esa etapa final, que (...) es una sentencia", sostuvo.
Por su parte, el ministro de la Defensa, David Mungía Payés, señaló que el Ejército, que participa junto a la policía en las operaciones contra la delincuencia en el país, "está siendo capacitado" para la entrada en vigencia de este marco legal.
La "Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal" fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre y penaliza la pertenencia y financiación de estos grupos.
La norma, también conocida como "ley antimaras", fue sancionada el pasado 9 de septiembre por el presidente Mauricio Funes, quien no cedió a las demandas de la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18 (M-18), que obligaron mediante amenazas a una paralización parcial del transporte público para exigir al Gobierno que no avalara esa legislación.
La ley declara ilegales las pandillas o "maras", prevé "la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia" de bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo y ganancias de la actividad delictiva y faculta a la Fiscalía que se ordene la inmovilización de las cuentas bancarias o embargo preventivo de bienes relacionados con estos delitos.
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